Por Daniel Di Giacinti
“La comunidad organizada es precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto.”
Juan Domingo Perón
La crisis de la representación
La crisis de las democracias occidentales se manifiesta como una creciente separación entre los Estados, los gobiernos y las comunidades a las que deberían servir. Las instituciones políticas continúan funcionando formalmente, pero encuentran cada vez mayores dificultades para expresar las necesidades, aspiraciones y potencialidades de los pueblos.
Este alejamiento genera un proceso de involución institucional. Los ciudadanos son convocados periódicamente a elegir representantes, pero permanecen excluidos de la elaboración de las grandes decisiones que orientan el destino de sus naciones. La comunidad deja de actuar como sujeto político y se fragmenta en una multitud de individuos aislados, reducidos a espectadores de procesos que ya no sienten propios.
Las dirigencias contribuyen muchas veces a profundizar esta situación. La política se organiza alrededor de liderazgos personalistas o de vanguardias que pretenden interpretar por sí mismas los intereses de la sociedad. En lugar de promover la participación creciente de la comunidad, terminan sustituyéndola. Paralelamente, la cultura dominante impulsa una visión crecientemente individualista de la vida social, alentando el consumo, la competencia y la satisfacción inmediata por encima de la construcción de proyectos colectivos.
El resultado es una progresiva atomización de la comunidad. Ciudadanos enfrentados entre sí, sectores sociales incapaces de encontrar objetivos comunes e instituciones que compiten entre ellas sin lograr articular una dirección compartida. La solidaridad se debilita y la vida pública pierde capacidad de convocar a los hombres y mujeres a una tarea común.
Esta fragmentación produce también una degradación de la propia política. Los partidos, en su búsqueda permanente del apoyo electoral, terminan adaptándose a una ciudadanía cada vez más desvinculada de los asuntos colectivos. Los debates estratégicos son reemplazados por consignas inmediatas, la conducción por el marketing y la formación de dirigentes por la administración de coyunturas. De este modo, la crisis de representación se transforma progresivamente en una crisis de conducción.
La consecuencia final es una democracia que conserva sus mecanismos formales, pero que encuentra crecientes dificultades para movilizar las energías creadoras de la comunidad. Recuperar la soberanía política exige entonces algo más profundo que una reforma institucional: exige devolver al pueblo su condición de sujeto activo en la construcción del destino nacional.
El derecho de los pueblos a construir su destino
La soberanía política fue entendida tradicionalmente como la capacidad de una Nación para decidir libremente sobre sus asuntos sin interferencias externas. Durante los siglos XIX y XX este concepto estuvo asociado principalmente a la independencia de los Estados frente a otras potencias.
Sin embargo, el desarrollo histórico de las democracias modernas obliga a ampliar esa definición. No basta con que un Estado sea formalmente independiente si su pueblo permanece excluido de las decisiones fundamentales que determinan su destino. Tampoco alcanza con la existencia de instituciones republicanas si éstas no logran canalizar efectivamente la voluntad creadora de la comunidad.
La soberanía política del siglo XXI debe ser entendida como el derecho de los pueblos a construir conscientemente su propio destino. Este derecho supone una ampliación de la democracia. Ya no alcanza con elegir representantes. La comunidad debe participar crecientemente en la elaboración de los planes nacionales, en la definición de los objetivos estratégicos y en el control de las instituciones encargadas de ejecutarlos.
La autodeterminación popular aparece así como una nueva dimensión de la soberanía. Una comunidad políticamente soberana es aquella capaz de reflexionar sobre sí misma, deliberar sobre su futuro y organizar sus energías creadoras para realizarlo.
La Comunidad Organizada
La respuesta que el justicialismo ofreció a este desafío fue la Comunidad Organizada. Frecuentemente se la ha interpretado como una teoría del Estado o como una forma particular de organización institucional. En realidad, su significado es mucho más profundo.
La Comunidad Organizada es una filosofía política destinada a superar la separación entre Estado y sociedad característica de las democracias liberales. Su objetivo consiste en incorporar progresivamente a la comunidad en la conducción de los asuntos públicos. La representación deja entonces de ser un acto esporádico para transformarse en una dinámica permanente de participación y corresponsabilidad.
Las organizaciones libres del pueblo —sindicatos, cooperativas, asociaciones profesionales, universidades, entidades culturales, organizaciones territoriales y empresariales— dejan de ser simples grupos de presión para convertirse en ámbitos de elaboración, discusión y ejecución de políticas públicas. La democracia ya no se limita a la competencia electoral. Se convierte en un proceso continuo de construcción colectiva.
La Comunidad Organizada no pretendía sustituir a la democracia. Pretendía completarla. No buscaba limitar la soberanía popular, sino ampliarla mediante formas permanentes de participación capaces de transformar al pueblo en protagonista de su propio destino.
La comunidad al poder
“(…) se trata de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria, que es el poder mismo. De esta forma el pueblo no delegara el poder, sino que lo ejercerá, será suyo. El poder no es el gobierno político solamente. El poder surge del bienestar general y de la participación total. Por eso en nuestra Revolución Humana no podrán existir marginados, olvidados, parásitos o zánganos. Sera un sistema que dará plena felicidad a todos los Hombres, Mujeres y niños de nuestro pueblo y que servirá de ejemplo para América y para el Mundo. Ese es el camino.”
Juan Domingo Perón
La mayor innovación del justicialismo consiste precisamente en desplazar el centro del poder político. La democracia liberal concentra la soberanía en el Estado a través de la delegación periódica de poder que los ciudadanos realizan sobre sus representantes. La participación popular queda reducida fundamentalmente al acto electoral, mientras las grandes decisiones son asumidas por estructuras gubernamentales, burocráticas o partidarias.
El justicialismo propone un camino diferente. No procura debilitar al Estado ni reducir progresivamente sus funciones. Tampoco pretende fortalecer indefinidamente su capacidad de intervención sobre la sociedad. Lo que busca es transformar su naturaleza y su relación con la comunidad.
Las democracias actuales muestran una creciente pérdida de poder político real. Sus Estados administran sociedades fragmentadas, atravesadas por la desconfianza y por intereses contradictorios que encuentran cada vez menos espacios de integración. El resultado es una institucionalidad formalmente sólida pero crecientemente incapaz de movilizar las energías creadoras de la comunidad y orientarlas hacia objetivos comunes.
Esta debilidad tiene una causa profunda. El Estado liberal se construye sobre la idea de representación y delegación. El ciudadano participa esporádicamente como elector y luego vuelve a ocupar un papel pasivo frente a las decisiones públicas. El justicialismo parte de una concepción distinta. No considera al Estado como el receptor exclusivo de la representatividad popular, sino como una de las herramientas a través de las cuales la comunidad ejerce su soberanía. La participación deja de ser una delegación temporaria para transformarse en un proceso permanente de construcción colectiva.
Ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones intermedias y Estado pasan a formar parte de una misma dinámica de conducción comunitaria. En esta perspectiva, el Estado deja de ser el patrimonio circunstancial del partido vencedor para convertirse en una herramienta al servicio de una comunidad organizada que participa activamente en la definición de sus objetivos históricos.
La función del gobierno ya no consiste únicamente en administrar recursos o resolver conflictos. Consiste, ante todo, en coordinar la inteligencia colectiva de la Nación y armonizar las fuerzas sociales que intervienen en su desarrollo. La conducción deja entonces de ser imposición para convertirse en articulación. El poder ya no se mide por la capacidad de mandar sobre la comunidad, sino por la capacidad de organizarla, integrarla y movilizarla detrás de un proyecto común. La comunidad deja de ser objeto de gobierno para transformarse en sujeto de poder.
El nuevo Estado
El concepto de Estado del justicialismo acompaña esta nueva dinámica de autodeterminación popular. Mientras la democracia liberal organiza el poder alrededor de la competencia electoral, donde el partido triunfante asume el control del Poder Ejecutivo y concentra la responsabilidad de las grandes decisiones nacionales, el justicialismo propone una lógica diferente.
La soberanía política no puede depender exclusivamente de mayorías circunstanciales. Las grandes transformaciones nacionales requieren continuidad histórica, estabilidad estratégica y un compromiso que trascienda los ciclos electorales. Por eso el justicialismo plantea la necesidad de un proceso político capaz de alcanzar acuerdos fundacionales entre las principales fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas de la Nación.
Estos acuerdos no pueden limitarse a programas de gobierno. Deben apoyarse en principios permanentes capaces de otorgar unidad de criterio a la comunidad. Por eso la nueva soberanía política requiere una doctrina nacional compartida que permita orientar la acción colectiva sin anular la diversidad de miradas existentes dentro de la Nación.
La nueva soberanía política sólo puede desarrollarse plenamente cuando la comunidad comparte una misma orientación doctrinaria. No se trata de uniformidad ideológica ni de pensamiento único, sino de la existencia de principios comunes que permitan a ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones culturales y fuerzas económicas participar activamente en la construcción del destino nacional sin caer en la fragmentación permanente.
Desde esta perspectiva, el justicialismo propone distinguir dos funciones que en la democracia liberal suelen encontrarse confundidas. Por un lado, el Gobierno, entendido como el ámbito donde la comunidad organiza la elaboración de los grandes objetivos nacionales. En él participan las distintas expresiones políticas y las organizaciones libres del pueblo a través de consejos políticos, económicos, sociales y culturales que permiten incorporar a la planificación nacional las diversas capacidades de la comunidad organizada. La función del Gobierno consiste en armonizar intereses, formular planes estratégicos, establecer prioridades y comprometer a las distintas fuerzas nacionales en la consecución de objetivos comunes.
Por otro lado, el Estado adquiere una función esencialmente administrativa y de ejecución. Su misión consiste en materializar los objetivos definidos por el Gobierno y garantizar la continuidad institucional del proyecto nacional.
Las elecciones continúan siendo necesarias, pero su función cambia. Ya no se trata de elegir proyectos nacionales incompatibles entre sí, sino de seleccionar las mejores conducciones para alcanzar objetivos compartidos por el conjunto de la comunidad.
Una nueva dirigencia
Este nuevo concepto de soberanía exige también una profunda transformación del papel de la dirigencia. Durante los siglos XIX y XX predominó la figura del dirigente como conductor ideológico. Su misión consistía en convencer al pueblo de la superioridad de un determinado programa político para acceder al gobierno e imponerlo desde allí al conjunto de la sociedad.
Las nuevas democracias requieren otro tipo de liderazgo. El dirigente ya no puede actuar como una vanguardia iluminada ni como el intérprete exclusivo de los intereses de la comunidad. Debe convertirse en organizador de la participación popular y en articulador de las capacidades creadoras del pueblo.
Su autoridad ya no provendrá de imponer soluciones previamente elaboradas, sino de su capacidad para coordinar, armonizar y sintetizar la inteligencia colectiva de la Nación. Conducir dejará de significar mandar, para transformarse en la tarea de organizar las energías sociales detrás de objetivos compartidos.
Este proceso comienza cuando la propia dirigencia se compromete públicamente con los principios comunes establecidos en el Acuerdo Fundacional. Esos principios constituyen el núcleo doctrinario de la nueva autodeterminación popular. Cuando la comunidad hace propios esos principios y participa activamente en su desarrollo, la conducción deja de apoyarse exclusivamente en la autoridad formal de las instituciones y pasa a sustentarse en una coincidencia espiritual y doctrinaria compartida.
La política deja entonces de ser una disputa permanente entre proyectos incompatibles y se convierte en una búsqueda común de los mejores caminos para alcanzar objetivos nacionales acordados. La dirigencia ya no gobierna sobre el pueblo: conduce junto a él, organizando las fuerzas creadoras de la Nación.
Hacia un nuevo pacto fundacional
Nos encontramos ante un momento de profunda transformación histórica.
No se trata de la emergencia de nuevos liderazgos personales ni de la disputa entre proyectos circunstanciales. El desafío es mucho más profundo: recuperar la capacidad de la comunidad para construir conscientemente su propio destino.
Si aspiramos a restaurar la plena soberanía de la Nación, debemos superar las limitaciones de una democracia fosilizada que ha reducido la participación popular a la delegación periódica del poder. Es necesario abrir paso a nuevas formas de representación ciudadana capaces de incorporar las potencias creadoras de la comunidad a la elaboración de las grandes decisiones nacionales.
La tarea fundamental consiste en promover el desarrollo de la cultura social del pueblo y en construir una nueva autoridad política basada no en la imposición, sino en la capacidad de armonizar voluntades, coordinar esfuerzos y organizar la inteligencia colectiva de la Nación. Para alcanzar ese objetivo resulta indispensable un nuevo pacto fundacional. Un acuerdo capaz de reunir a las principales fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales de la Nación alrededor de un proyecto estratégico compartido, suficientemente amplio para contener la diversidad de miradas existentes dentro de la comunidad nacional.
Pero ningún acuerdo puede sostenerse únicamente sobre intereses coyunturales. Debe asentarse también sobre principios permanentes. Por eso ese pacto fundacional deberá definir los valores y objetivos que orienten el desarrollo nacional y sintetizarlos en una doctrina común que pueda ser compartida por el conjunto del pueblo.
Sólo cuando una comunidad logra reconocerse en principios compartidos, organizar sus diferencias alrededor de objetivos comunes y comprometerse colectivamente con su realización, la soberanía política deja de ser una aspiración y se transforma en una realidad histórica. Allí comienza la autodeterminación popular y se abre el camino hacia una nueva Comunidad Organizada, capaz de construir conscientemente el destino de la Nación.
La Justicia Social dignifica al hombre. La Independencia Económica organiza la riqueza al servicio de la comunidad. La Soberanía Política permite que ese pueblo dignificado y económicamente libre pueda ejercer plenamente su derecho a construir su propio destino. Las tres banderas históricas del Justicialismo constituyen así un único proceso de liberación destinado a permitir que una comunidad alcance la plena autodeterminación de su destino histórico.
