Por Daniel Di Giacinti
La caída en los sondeos de popularidad de Milei abre expectativas dentro del movimiento nacional, donde distintos sectores se reacomodan y se posicionan según los datos de las consultoras.
Surge, a partir de esta situación, la idea de forjar alianzas de cara a la próxima contienda electoral. Sin embargo, esas mediciones parten de una comunidad sin alternativas reales de participación política, más allá de los polos tradicionales de las democracias coloniales. Por un lado, un progresismo que quiere pero no puede; por el otro, fuerzas conservadoras o de derecha abiertamente alineadas con los intereses corporativos y financieros que dominan el mundo.
Este escenario responde a una forma de participación en la que el ciudadano queda preso de una casta dirigente que reduce la política a una lucha por acceder al gobierno y, desde allí, imponer su proyecto particular.
Esta delegación de la ciudadanía fue revolucionaria hace dos siglos, cuando los problemas de las comunidades se desarrollaban a un ritmo mucho más lento y la complejidad era infinitamente menor que la actual. No solo cambió la complejidad, sino también las capacidades ciudadanas. Era lógico delegar cuando las comunidades eran mayoritariamente analfabetas y carecían de acceso a la información. En ese contexto, la delegación de responsabilidades en una clase política —la burguesía— resultaba comprensible.
Pero ese mundo cambió. Hoy los pueblos han sido atravesados por los medios de comunicación masiva y poseen una potencia cultural que debe ser reconocida. El poder real deviene de la confianza que el ciudadano deposita en las instituciones, y esa confianza difícilmente exista si no se siente representado en función de las capacidades que hoy posee.
Occidente evidencia una profunda crisis de confianza en sus gobiernos y Estados. Un sistema que impide la participación de la comunidad entra en un proceso de involución institucional: pueblos infantilizados, sin posibilidad de maduración social, y fuerzas políticas que van detrás de ese voto infantilizado. Como resultado, la política se degrada, disminuye la estatura moral de sus dirigencias y la democracia se reduce a formas plutocráticas sin participación popular.
Es decir, las democracias coloniales se mueven con una gran ausencia: la de los pueblos como protagonistas activos en las grandes decisiones.
Tanto en el progresismo como en la llamada “derecha”, falta ese actor fundamental: la comunidad como sujeto activo. Para revertir esta situación, es imprescindible modificar las formas de participación ciudadana.
Sin la incorporación de este nuevo protagonismo, nada cambiará y la Argentina avanzará hacia una “peruanización”, con la licuación permanente de sus identidades políticas. Lo que el país necesita es un cambio profundo en la forma de ejercer la política. La actual, moldeada por un liberalismo de raíz alfonsinista, ya fue rechazada en dos momentos históricos: en 2001 y en 2024, con el ascenso del “Calígula de las pampas”.
Milei, que captó el voto bronca del segundo “que se vayan todos”, y que se presentó impugnando el sistema desde afuera, prontamente se integró a la casta de siempre, traicionando a sus votantes.
Solo un modelo que impugne este sistema representativo podrá reconstruir la confianza comunitaria. Pero ese camino no surgirá de alianzas dentro de una Argentina liberalizada, sino de un acuerdo fundacional que plantee la construcción de un nuevo orden político.
La política de casta debe terminar. La comunidad tiene que ser convocada a participar activamente en la construcción política, no detrás de ideologías preelaboradas, caudillismos anacrónicos o grupos de iluminados.
La política no puede depender de la supuesta genialidad de un líder. Debe basarse en principios simples, claros y compartidos. Democratizar la forma de pensar es el primer paso. Por eso Juan Perón sintetizó una doctrina: para someterse él primero a ella y luego convocar al pueblo a construir colectivamente.
Hoy, convocar a la política sin una doctrina común es reproducir un sistema que excluye al pueblo. No hay construcción política posible sin la comunidad.
Las sociedades asiáticas, con tradiciones más basadas en principios comunes y en un bagaje espiritual antes que ideológico, han logrado mayores niveles de cohesión y desarrollo. China, por ejemplo, dejó atrás el vanguardismo del marxismo dogmático y recuperó principios confucianos que sostienen su identidad histórica. Incluso en modelos no basados en partido único, como Singapur, se observa la construcción de acuerdos fundacionales apoyados en “valores compartidos”.
Occidente, en cambio, cede terreno, entregando sus sistemas políticos a corporaciones plutocráticas y promoviendo un individualismo que fragmenta a las comunidades.
En este contexto, el peronismo sigue planteando una alternativa distinta: una filosofía basada en principios comunes que solo se realiza a través de la comunidad organizada. La política es, en esencia, construcción colectiva.
Basta de ideologías extravagantes. La tarea es ordenar la capacidad de trabajo para la construcción de la patria. No hacen falta teorías rebuscadas ni liderazgos narcisistas, sino una doctrina común y una dirigencia dispuesta a coordinar el esfuerzo del conjunto.
Se necesita un acuerdo fundacional que ponga en marcha este proceso. Ese es el mensaje del Modelo Argentino.
