Por Daniel Di Giacinti
La necesidad de una actualización doctrinaria nos impone desliberalizar nuestras consignas actuales. Magnifica Humanitas y la justicia social: la profundización del sendero del Papa Francisco.
Con frecuencia se afirma que el peronismo necesita una actualización doctrinaria para responder a los desafíos del presente. Detrás de esa afirmación suele esconderse la presunción de que las banderas históricas del justicialismo habrían agotado su capacidad de interpretación y deberían ser reemplazadas o complementadas por nuevos principios capaces de orientar la acción política contemporánea.
Sin embargo, el problema parece ser otro. Las dificultades actuales del movimiento no provienen del agotamiento de sus banderas fundamentales, sino de las interpretaciones acotadas que se han realizado sobre ellas. En las últimas décadas, el proceso de colonización cultural propio de la democracia liberal terminó penetrando también en amplios sectores del peronismo, alterando progresivamente el sentido original de conceptos centrales como la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.
La actualización doctrinaria no consiste entonces en abandonar nuestras banderas históricas, sino en recuperar su contenido profundo. No se trata de agregar nuevos principios, sino de desliberalizar las interpretaciones que las han vaciado de su potencia transformadora.
Comenzaremos por la primera y más importante de ellas: la Justicia Social.
Para ello resulta especialmente valioso el aporte realizado por León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. Lejos de representar una ruptura con el pensamiento de Francisco -como pretenden algunas interpretaciones de grupos conservadores- este documento puede leerse como una profundización de aquel camino centrado en la dignidad humana, la fraternidad social y la participación de los pueblos en la construcción de su destino histórico.
Desde esa perspectiva, la reflexión sobre la Justicia Social permite no sólo recuperar aspectos fundamentales de la doctrina justicialista, sino también establecer un fecundo diálogo entre la tradición política nacional y la más reciente actualización de la Doctrina Social de la Iglesia.
La Justicia Social
“Hoy es necesario pensar de otra manera; ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos cuando todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para asociarla a todos los demás.
Hoy es indispensable comprender que en un mundo que no se realice no habrá país que pueda realizarse, y dentro de esos países que no se realicen tampoco habrá individuo que pueda lograrlo. Trabajar por la felicidad del hermano vecino es trabajar por la felicidad de todos los demás.” (1)
Juan Domingo Perón
Durante décadas este principio fue reducido a una cuestión económica. Para algunos significa redistribuir riqueza; para otros, garantizar derechos laborales; para sus detractores, constituye una forma de intervención estatal que limita la libertad económica. Ninguna de estas interpretaciones, sin embargo, alcanza a expresar la profundidad de lo que el Justicialismo entendió por Justicia Social.
La Justicia Social no es solamente una política económica ni una técnica de distribución. Es una concepción integral del hombre, de la comunidad y de la organización política.
La reciente encíclica Magnifica Humanitas permite comprender esta dimensión más profunda cuando afirma que la justicia no nace únicamente de normas jurídicas o de decisiones administrativas, sino de la fraternidad que une a los hombres en la construcción del bien común. La justicia no depende solamente de las conductas individuales; exige también instituciones capaces de expresar esa fraternidad en la vida concreta de los pueblos.
Desde esta perspectiva, la Justicia Social no consiste únicamente en dar más a quien tiene menos. Consiste en construir una comunidad donde todos puedan desarrollar plenamente su condición humana y participar activamente en la construcción del destino común.
La democracia liberal contemporánea ha demostrado de manera reiterada sus limitaciones para resolver las profundas desigualdades económicas y sociales que afectan a nuestras comunidades. Su fracaso no obedece únicamente a errores de gestión o a determinadas orientaciones ideológicas, sino a una crisis más profunda vinculada a su propio sistema de representación política. Al reducir la participación ciudadana al acto periódico del sufragio, impide la articulación permanente de las fuerzas sociales, económicas y culturales de la Nación, favoreciendo la fragmentación y el enfrentamiento entre sectores.
Como consecuencia, la comunidad pierde la capacidad de construir consensos estratégicos y de orientar colectivamente su desarrollo. La energía social que debería destinarse a la creación de riqueza, al fortalecimiento de la producción y a la resolución de los problemas nacionales se disipa en conflictos estériles y disputas permanentes.
Por eso, el desafío de la Justicia Social no consiste únicamente en redistribuir una riqueza insuficiente o administrar de manera más equitativa la pobreza existente. Su verdadera finalidad es reconstruir la armonía de la comunidad organizada para liberar las capacidades creadoras del pueblo y poner en marcha un proceso sostenido de desarrollo económico, cultural y humano. Sólo una sociedad que fortalezca la cooperación por encima de la confrontación podrá generar la riqueza necesaria para erradicar la pobreza y garantizar una vida digna para todos sus integrantes.
La cuestión social, por lo tanto, no puede separarse de la cuestión política. Allí donde la representación fragmenta, divide y enfrenta, la Justicia Social busca integrar, armonizar y organizar. Sólo una comunidad capaz de reconocerse como protagonista de un destino común podrá alcanzar simultáneamente la dignidad de las personas, el desarrollo económico y la verdadera autodeterminación nacional.
La Justicia Social es, en definitiva, un proceso de construcción comunitaria que parte de la dignidad humana, se desarrolla como fraternidad, se organiza como solidaridad, madura como solidaridad nacional y culmina en la autodeterminación del pueblo.
La dignidad humana como punto de partida
Toda construcción comunitaria comienza por el reconocimiento de la dignidad humana.
Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa si existen sectores condenados a la exclusión, la marginalidad o la desesperanza. Ninguna comunidad puede organizarse si parte de sus miembros son considerados descartables o permanecen privados de las condiciones mínimas para desarrollar una vida digna.
La revolución justicialista comprendió tempranamente esta realidad. Por eso incorporó a la Constitución de 1949 los derechos sociales fundamentales que definían los mínimos indispensables de justicia para una nación verdaderamente democrática.
A ello se sumó la obra de Eva Perón. Su acción no consistió simplemente en una política asistencial. Su objetivo principal fue restituir a los sectores más humildes el reconocimiento moral que les había sido negado por décadas de exclusión social, transformándolos en protagonistas de una nueva comunidad política.
Por eso la ayuda social peronista nunca se presentó como caridad sino como justicia. La caridad puede aliviar una necesidad. La justicia reconoce una dignidad.
Cuando Evita afirmaba que donde existe una necesidad nace un derecho, expresaba precisamente esta convicción: ninguna comunidad puede realizarse mientras una parte de sus integrantes permanezca excluida de la vida común.
La dignificación humana constituye el primer escalón de la Justicia Social porque sólo un hombre dignificado puede transformarse en protagonista de su propia historia.
De la dignidad a la fraternidad
Sin embargo, la Justicia Social no concluye en la reparación de las injusticias materiales. La dignidad individual necesita transformarse en vínculos sociales permanentes.
Aquí aparece uno de los aportes centrales de Magnifica Humanitas: la fraternidad.
La encíclica recuerda que el hombre no alcanza su plenitud en el aislamiento. Se realiza en relación con los demás, formando parte de comunidades concretas que comparten responsabilidades, objetivos y esperanzas.
La fraternidad es el reconocimiento de que el destino de cada uno está unido al destino de todos.
Esta idea posee profundas consecuencias políticas.
Si la comunidad es simplemente una suma de individuos que compiten entre sí, la política se reduce a administrar conflictos permanentes. Pero si la comunidad es una asociación de personas unidas por un destino común, entonces la política se convierte en una tarea de construcción colectiva.
La fraternidad transforma la convivencia en cooperación. Y la cooperación constituye la base de toda democracia verdaderamente popular.
La solidaridad como forma superior de organización
“La revolución Peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la formación de la Comunidad Organizada a través de la conquista sucesiva de cuatro etapas: Cultura Social; Conciencia Social; Solidaridad Social; Unidad Nacional.”
Juan Perón, Sociología Peronista
La fraternidad, para no quedar reducida a un sentimiento, debe expresarse institucionalmente. Esa expresión concreta es la solidaridad.
La solidaridad no consiste en la simple ayuda ocasional entre individuos. Es una forma de organización social basada en la conciencia de pertenecer a una misma comunidad histórica.
El Justicialismo comprendió esta realidad cuando impulsó la organización de los trabajadores, el reconocimiento de sus sindicatos y la incorporación de amplios sectores populares a la vida pública nacional.
La organización gremial representó un primer paso en el desarrollo de la solidaridad social. Los trabajadores dejaron de percibirse como individuos aislados para reconocerse como parte de una comunidad con intereses, derechos y responsabilidades compartidas.
Sin embargo, el proceso no podía detenerse allí. La solidaridad social constituye solamente el comienzo de una tarea más amplia: la construcción de la solidaridad nacional.
La solidaridad nacional
Una Nación no se construye mediante la simple coexistencia de sectores sociales que defienden sus propios intereses.
Los trabajadores tienen demandas legítimas. Los empresarios también. Las universidades, las provincias, las organizaciones culturales y profesionales poseen igualmente necesidades particulares. Pero ninguna comunidad puede realizarse plenamente si cada sector actúa exclusivamente en defensa de sí mismo.
La solidaridad nacional aparece cuando esos intereses parciales descubren que su realización depende del destino común de la Nación.
Por eso Perón afirmaba que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza.
La verdadera Justicia Social consiste en crear instituciones capaces de transformar los intereses sectoriales en proyectos nacionales.
Los consejos económicos y sociales, las organizaciones libres del pueblo y las distintas formas de participación comunitaria imaginadas por el Justicialismo apuntaban precisamente a esa finalidad: organizar el diálogo permanente entre los distintos sectores para construir una voluntad nacional compartida.
La solidaridad nacional constituye el punto donde la fraternidad se transforma en una fuerza histórica.
La Justicia Social como generadora de poder
Aquí encontramos uno de los aspectos más profundos de la Justicia Social. Su finalidad última es generar poder.
No poder para una dirigencia. No poder para un partido. Poder para la comunidad.
Cada vez que aumenta la confianza entre los miembros de una sociedad, aumenta también su capacidad de acción colectiva. Cada vez que se fortalecen los vínculos solidarios, crece el poder de la Nación. Cada vez que la comunidad participa en las decisiones que afectan su destino, se fortalece la legitimidad de sus instituciones.
La Justicia Social es precisamente el proceso mediante el cual una sociedad multiplica su capacidad de actuar sobre la realidad. Por eso constituye la condición indispensable de la Independencia Económica y de la Soberanía Política.
Una nación fragmentada puede poseer recursos, territorio o instituciones formales, pero difícilmente podrá ejercer plenamente su libertad. Sólo una comunidad cohesionada y consciente de su destino posee la fuerza necesaria para sostener un proyecto propio frente a los condicionamientos externos. La Justicia Social aparece entonces como una verdadera teoría del poder popular.
La Justicia Social alcanza su expresión más elevada cuando hace posible la autodeterminación del pueblo. Un pueblo fragmentado, desconfiado o excluido de las decisiones fundamentales difícilmente pueda ejercer su soberanía. La verdadera participación popular exige una comunidad integrada, consciente de sus objetivos y capaz de actuar colectivamente.
La Escuela Superior Peronista
La Escuela Superior Peronista fundada en el año 1951, procuró traducir estos principios generales en categorías operativas para la acción política.
Una de las materias complementarias de la escuela era Técnicas de Adoctrinamiento. En ellala Justicia Social aparece articulada en tres dimensiones complementarias: la elevación de la cultura social, la humanización del capital y la dignificación del trabajo.
Estos tres aspectos no constituyen políticas aisladas sino dimensiones convergentes de un mismo proceso orientado a armonizar las fuerzas creativas y productivas de la Nación.
La elevación de la cultura social
El primer objetivo de la Justicia Social consiste en elevar la cultura social del pueblo.
No se trata simplemente de aumentar conocimientos o niveles educativos, sino de desarrollar una conciencia comunitaria que permita comprender que el destino individual está ligado al destino colectivo.
La cultura social es la capacidad de los ciudadanos para actuar solidariamente, comprender los problemas comunes y participar activamente en la construcción de soluciones.
Una comunidad con elevada cultura social deja de ser una suma de individuos aislados para convertirse en una fuerza creadora capaz de orientar su propio desarrollo.
Por eso la Justicia Social exige una ampliación permanente de la participación popular. El pueblo no debe limitarse a elegir gobernantes cada algunos años, sino intervenir de manera creciente en el diseño, la discusión y la ejecución de las políticas públicas.
Es precisamente en este punto donde aparece la principal diferencia entre la concepción justicialista y las instituciones de la democracia liberal. Puede afirmarse que la revolución peronista avanzó hasta donde la propia filosofía política liberal le permitió hacerlo: la organización y representación de intereses individuales y sectoriales. La incorporación de los trabajadores a la vida política, el reconocimiento de las organizaciones gremiales y la ampliación de los derechos sociales constituyeron avances extraordinarios, pero no alcanzaron a resolver el problema superior de la organización de la solidaridad nacional.
Para superar ese límite, el peronismo comenzó a imaginar nuevas formas institucionales que permitieran la participación directa de las fuerzas sociales, económicas y culturales en la elaboración del destino común. La convocatoria a las Organizaciones Libres del Pueblo durante el Segundo Plan Quinquenal y, posteriormente, los intentos de profundización institucional impulsados durante el regreso de Perón en la década de 1970 sintetizados en El Modelo Argentino, expresaban esa búsqueda.
Sin embargo, aquellos intentos no lograron consolidarse. La Argentina continúa organizada fundamentalmente sobre instituciones concebidas para representar intereses particulares, mientras permanece pendiente la construcción de ámbitos capaces de armonizarlos en función de los objetivos permanentes de la Nación.
Éste sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La democracia sólo alcanza su plenitud cuando la comunidad deja de ser espectadora para convertirse en protagonista. Y esa transformación exige una nueva institucionalidad política capaz de organizar la participación popular.
La elevación de la cultura social es, en definitiva, un proceso de maduración política comunitaria mediante el cual la solidaridad individual se transforma progresivamente en solidaridad social y finalmente en solidaridad nacional.
Sólo sobre esa base puede construirse una verdadera unidad del pueblo.
La humanización del capital
El segundo aspecto de la Justicia Social es la humanización del capital.
La economía es una herramienta indispensable para el desarrollo de la comunidad, pero no constituye un fin en sí misma.
Cuando la actividad económica pierde de vista a la persona humana y se organiza exclusivamente en función de la rentabilidad o de la acumulación, termina produciendo desigualdad, fragmentación social y dependencia.
Humanizar el capital significa colocar la economía al servicio del hombre y de la comunidad. Implica reconocer que la riqueza posee una función social y que el desarrollo económico debe contribuir al bienestar general.
La tradición justicialista siempre sostuvo que la economía debe estar subordinada a los objetivos políticos y sociales de la Nación.
No se trata de negar la importancia de la iniciativa privada, del mercado o de la inversión, sino de integrarlos dentro de un proyecto de desarrollo orientado al bien común.
Esta visión coincide con el llamado de Magnifica Humanitas a superar tanto el individualismo económico como las formas impersonales de organización social que reducen al hombre a una variable estadística.
La economía debe ser evaluada por su capacidad para promover la dignidad humana, fortalecer los vínculos comunitarios y garantizar oportunidades de realización para todos.
La Justicia Social no busca destruir el capital. Busca ponerlo al servicio de la comunidad organizada.
La dignificación del trabajo
El tercer pilar de la Justicia Social es la dignificación del trabajo.
Para el Justicialismo, el trabajo no constituye simplemente un medio para obtener ingresos. Es una actividad creadora que permite al hombre realizarse personalmente y contribuir al desarrollo colectivo.
Por eso la dignidad del trabajador no depende únicamente de la remuneración que recibe. Depende también del reconocimiento social de su tarea, de su participación en la vida nacional y de la conciencia de que su esfuerzo contribuye a la construcción de una comunidad mejor.
El primer peronismo impulsó una profunda transformación al incorporar a los trabajadores a la vida política, económica y social de la Nación.
Pero la dignificación del trabajo no puede detenerse en la conquista de derechos laborales o salariales. Debe avanzar hacia formas crecientes de participación en las decisiones que afectan el destino común para lo cual es imprescindible la formación de los nuevos ámbitos políticos donde los gremios (obreros, empresarios, etc.) puedan crear los futuros planes de la Nación.
El trabajador plenamente dignificado no es solamente quien recibe una remuneración justa. Es quien se reconoce como protagonista de una obra colectiva y participa activamente en la construcción del futuro nacional.
Justicia Social y Comunidad Organizada
Elevar la cultura social, humanizar el capital y dignificar el trabajo son caminos convergentes hacia un mismo objetivo: construir una comunidad donde la libertad individual y el bien común dejen de presentarse como realidades opuestas y se integren en una síntesis superior.
La Justicia Social es el reconocimiento de que toda persona posee una dignidad que debe ser respetada y promovida por el conjunto de la comunidad. Es una concepción integral de la vida social orientada a organizar la solidaridad, fortalecer la participación popular y hacer posible la realización plena de la Nación.
Vista desde esta perspectiva, la Justicia Social deja de ser una política de asistencia o una mera redistribución económica y se revela como una verdadera teoría del poder popular. Su función histórica consiste en organizar la dignidad, transformar la fraternidad en solidaridad y convertir la solidaridad en una fuerza política capaz de conducir el destino de la Nación.
Por eso debemos cuestionar desde nuestra acción militante aquellas formas institucionales que, bajo la apariencia de neutralidad, limitan la participación popular y dificultan el desarrollo de una auténtica cultura social. La democracia liberal, al concentrar las decisiones fundamentales en élites políticas, económicas y culturales, termina favoreciendo mecanismos de dependencia que debilitan la capacidad de autodeterminación de los pueblos.
La liberación nacional exige una democracia de mayor intensidad participativa, donde las organizaciones libres de la comunidad intervengan activamente en la identificación, discusión y solución de los problemas fundamentales de la patria. Sólo una ciudadanía organizada y protagonista puede generar la conciencia social, la solidaridad nacional y la unidad necesarias para construir un proyecto propio de desarrollo.
Por eso la Justicia Social sigue siendo hoy la primera bandera de una democracia verdaderamente popular. Allí donde el pueblo participa, donde el trabajo es dignificado, donde el capital cumple una función social y donde la comunidad se organiza para construir su propio destino, la Justicia Social deja de ser una consigna para transformarse en una realidad histórica.
(1) 30 julio 1973. Discurso de Perón en la CGT. Al final de sus días y en medio de una interna feroz del peronismo desatada por “la fiebre sucesoria”, Perón explicaba con sencillas palabras el futuro del mundo para el cual había que prepararse.
