Por Daniel Di Giacinti
La Argentina atraviesa una crisis persistente que no puede explicarse únicamente por sus dificultades económicas. Detrás de la inflación, el endeudamiento, el estancamiento productivo, la desigualdad y la sucesión permanente de planes que comienzan y fracasan existe un problema más profundo: desde la muerte del general Juan Perón ninguna fuerza política ha logrado reconstruir el poder necesario para sostener un proyecto nacional de largo plazo.
En distintas oportunidades el Movimiento Nacional consiguió acceder al gobierno mediante el respaldo electoral de amplios sectores populares, pero no logró consolidar una mayoría política, cultural y social suficientemente sólida como para sostener en el tiempo un proceso de transformación nacional.
Tras la etapa de predominio liberal que culminó con la profunda crisis institucional, económica y social de 2001, el peronismo intentó recuperar sus banderas históricas a través de un nuevo ciclo político identificado con el progresismo kirchnerista. A pesar de importantes avances en distintos aspectos de la vida nacional, aquel proceso tampoco consiguió construir una armonía comunitaria capaz de consolidar un poder político duradero. La ausencia de una base de sustentación más amplia facilitó posteriormente el ascenso de Mauricio Macri y el retorno de un proyecto de orientación liberal.
El fracaso de esa experiencia permitió el regreso del peronismo al gobierno con la presidencia de Alberto Fernández. Sin embargo, las profundas dificultades económicas, las contradicciones internas y la incapacidad para reconstruir la confianza de la sociedad desembocaron en una nueva crisis de representación tan dramática como la del 2001. El resultado fue el surgimiento del mileísmo como expresión política del agotamiento del sistema y como la formulación más radical del proyecto neoliberal que propone profundizar la inserción subordinada de la Argentina dentro del orden económico y geopolítico encabezado por las potencias occidentales.
La sucesión de estos ciclos revela un hecho que trasciende a los gobiernos y a sus protagonistas. Ni el neoliberalismo ni el progresismo han logrado construir el poder político necesario para consolidar un proyecto nacional estable. Ambos terminan sucediéndose en un movimiento pendular que expresa, en realidad, la ausencia de una comunidad organizada capaz de sostener un rumbo estratégico compartido.
Uno de esos polos está representado actualmente por un progresismo de raíz peronista que procura impulsar profundas transformaciones económicas y sociales inspirándose en su propia interpretación del legado justicialista. Sin embargo, al reducir frecuentemente el peronismo a un conjunto de políticas económicas o sociales, pierde de vista su dimensión revolucionaria más profunda: la construcción de una comunidad organizada capaz de generar el poder político necesario para sostener esas transformaciones. Como consecuencia, termina compartiendo muchas de las limitaciones del progresismo contemporáneo e integrándose, aunque con objetivos diferentes, a la lógica representativa de las democracias coloniales.
En el otro extremo se ubican las distintas expresiones del neoliberalismo, que pretenden resolver la crisis nacional mediante la reducción del Estado, la desregulación económica y una inserción cada vez más subordinada al orden económico internacional corporativo.
La vida política argentina transcurre así entre estos dos polos. Cada uno encuentra su justificación en las limitaciones del otro y ambos terminan alimentándose mutuamente.
Allí reside la verdadera raíz de nuestra inestabilidad. Mientras el pueblo permanezca reducido al papel de espectador de proyectos concebidos desde las dirigencias, la Argentina seguirá oscilando entre alternativas que se suceden unas a otras sin conseguir consolidar un verdadero proyecto nacional.
Por eso la Argentina necesita un Acuerdo Fundacional.
Pero no un acuerdo concebido como una tregua circunstancial entre dirigentes ni como una negociación destinada únicamente a garantizar la gobernabilidad de un presidente. Tampoco un pacto mediante el cual una fuerza política convoca a las demás para adherir a un programa previamente elaborado.
Un verdadero Acuerdo Fundacional debe ser algo mucho más profundo: el comienzo de una nueva forma de construir colectivamente el destino nacional.
La grieta equivocada
Durante años se ha presentado a la llamada grieta como el principal problema de la política argentina. Sin embargo, esa interpretación necesita ser revisada. La verdadera división de nuestro tiempo no separa simplemente al peronismo del antiperonismo, a la izquierda de la derecha o al progresismo del liberalismo. Existe una contradicción mucho más profunda.
De un lado se encuentra una concepción de la democracia que mantiene esencialmente las formas de representación surgidas hace más de dos siglos. Se trata de un modelo que fue profundamente revolucionario para su tiempo porque permitió incorporar nuevos actores sociales al ejercicio del poder, pero que hoy muestra crecientes limitaciones para acompañar la maduración política y cultural de las comunidades contemporáneas. Al reducir la participación ciudadana casi exclusivamente al acto electoral y a la delegación periódica de la soberanía, estas democracias terminan dificultando el desarrollo de la cultura social y de las capacidades organizativas que exige una sociedad cada vez más compleja.
Del otro lado comienza a manifestarse una necesidad histórica distinta: la construcción de una democracia capaz de incorporar progresivamente a la comunidad organizada a la elaboración, planificación y control de las grandes decisiones nacionales. Una democracia donde la participación deje de ser un hecho ocasional para transformarse en un proceso permanente de creación colectiva.
Ésta es la verdadera discusión de nuestro tiempo. La auténtica grieta no separa ideologías económicas ni identidades partidarias; separa dos concepciones del poder político. Por un lado, quienes entienden que las grandes decisiones deben seguir siendo elaboradas por minorías dirigentes para luego ser aceptadas por la sociedad. Por el otro, quienes creen que ha llegado el momento histórico de organizar la inteligencia, la creatividad y la responsabilidad de toda la comunidad para convertirla en protagonista de su propio destino.
No se trata de eliminar las elecciones, de suprimir los partidos políticos ni de negar la diversidad ideológica. Por el contrario, se trata de enriquecer la democracia construyendo, por encima de la competencia electoral, un espacio permanente de coincidencia nacional donde la comunidad pueda participar activamente en la definición del proyecto estratégico del país.
La democracia del futuro deberá aprender a convivir con dos dimensiones complementarias. Por un lado, el debate legítimo sobre la mejor conducción coyuntural del gobierno. Por el otro, un acuerdo estratégico permanente sobre el destino de la Nación, construido y sostenido por una comunidad organizada que ya no delega completamente su soberanía, sino que la ejerce de manera creciente a través de nuevas formas de participación y autodeterminación.
La democracia integrada
Perón denominó a esta búsqueda democracia integrada. Cuando regresó definitivamente a la Argentina después de dieciocho años de exilio intentó promover un gran reencuentro nacional. La idea fundamental era superar una democracia concebida exclusivamente como enfrentamiento entre proyectos incompatibles y con el pueblo en la tribuna.
Las fuerzas políticas podían continuar compitiendo electoralmente, pero esa competencia debía desarrollarse dentro de un horizonte nacional compartido. No todos debían pensar igual. Debían aprender a construir juntos. Esta diferencia es fundamental.
La unidad nacional no significa uniformidad ideológica. Una comunidad organizada necesita diversidad porque la diversidad alimenta su creatividad.
Lo que necesita es una unidad conceptual suficientemente amplia para que esas diferencias puedan desarrollarse dentro de un destino común.
De los principios al plan estratégico
El primer objetivo de un acuerdo fundacional debería ser establecer los principios comunes sobre los cuales la Nación desea construir su futuro. El segundo paso sería transformar esos principios en un plan estratégico nacional. Argentina necesita recuperar la capacidad de pensar a veinte o treinta años.
Ese plan no debería ser elaborado exclusivamente por funcionarios ni por equipos técnicos. Tampoco debería surgir de una negociación cerrada entre dirigentes políticos.
Debería incorporar progresivamente a trabajadores, empresarios, universidades, científicos, organizaciones sociales, cooperativas, provincias, municipios, fuerzas políticas y demás expresiones organizadas de la comunidad.
Los especialistas tienen un papel indispensable. Pero la técnica debe estar al servicio de objetivos definidos políticamente por la comunidad.
Una vez establecido ese horizonte, cada gobierno podrá imprimir su propia mirada sobre los instrumentos necesarios para alcanzarlo. Un gobierno podrá considerar conveniente una mayor intervención estatal. Otro podrá promover una mayor participación privada. Uno podrá priorizar determinados mecanismos fiscales. Otro podrá modificarlos.
Pero ninguno debería destruir el objetivo estratégico compartido. De esta manera, la alternancia electoral dejaría de significar la refundación permanente de la Nación.
Una nueva función para las elecciones
El acuerdo fundacional no elimina la competencia política. La transforma.
En la democracia liberal tradicional, las elecciones enfrentan proyectos de país muchas veces incompatibles. Cada fuerza promete llevar a la Nación hacia un destino diferente.
En una democracia integrada, la elección podría definir fundamentalmente cuál es la mejor conducción para avanzar hacia objetivos estratégicos previamente acordados.
La disputa ya no sería necesariamente: ¿Qué país queremos?
Sino también: ¿Quién está mejor preparado para conducir esta etapa del país que acordamos construir?
Este cambio modificaría profundamente la cultura política. Los partidos dejarían de necesitar la destrucción simbólica permanente de sus adversarios para construir su propia legitimidad. La oposición no tendría que esperar el fracaso del gobierno para volver al poder, ni el oficialismo vería cada crítica como un intento de desestabilización. Todos formarían parte, desde responsabilidades diferentes, de una misma construcción nacional. La alternancia dejaría de interrumpir la continuidad del proyecto estratégico y pasaría a convertirse en un mecanismo para perfeccionar su conducción.
Este modelo no constituye una utopía ni una innovación completamente desconocida. Puede observarse, en pequeña escala, en numerosas instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, en los clubes de barrio. Allí las elecciones suelen desarrollarse sin enfrentamientos irreconciliables porque existe un acuerdo previo sobre la finalidad de la institución: servir a la comunidad que le da vida. Las distintas listas pueden discrepar acerca de la mejor forma de administrar el club, de priorizar determinadas obras o de organizar sus actividades, pero ninguna cuestiona la razón de ser de la institución. La competencia electoral se desarrolla sobre un objetivo compartido y no sobre la negación del proyecto común.
Ese mismo principio debería inspirar la organización política de la Nación. Los argentinos podemos debatir legítimamente cuáles son los mejores instrumentos para alcanzar el desarrollo nacional, pero antes debemos acordar cuál es el destino que queremos construir. Cuando existe una finalidad común, la diversidad deja de ser una amenaza y se convierte en una fuente de creatividad. La alternancia democrática deja entonces de destruir lo realizado y pasa a enriquecer una obra colectiva que pertenece a toda la comunidad y no al gobierno circunstancial.
La comunidad al poder
Pero ningún acuerdo será verdaderamente fundacional si permanece limitado a las dirigencias. La mayor innovación debe consistir precisamente en incorporar a la comunidad organizada. Los consejos económicos y sociales pueden constituir un instrumento importante, pero solamente si forman parte de una arquitectura institucional mucho más amplia.
Trabajadores y empresarios deben encontrarse no solamente para negociar salarios. Productores y consumidores no pueden relacionarse únicamente a través del mercado. Universidades y Estado no deberían vincularse solamente mediante presupuestos. Las organizaciones sociales no pueden limitarse a reclamar soluciones.
Cada una de estas fuerzas posee conocimientos, experiencias y capacidades que forman parte de la inteligencia colectiva de la Nación. El desafío consiste en crear instituciones capaces de armonizarlas. Allí cambia también el concepto de conducción. Gobernar deja de significar exclusivamente decidir. Gobernar comienza a significar también coordinar la capacidad de decisión de la comunidad.
El dirigente deja progresivamente de ser una vanguardia que conduce a un pueblo pasivo y se transforma en un organizador de la creatividad popular. Esta es la revolución política pendiente.
Una nueva dirigencia
El acuerdo fundacional exige, por lo tanto, una profunda transformación de la dirigencia política. Durante demasiado tiempo la vida pública se organizó alrededor de personalidades y liderazgos individuales. Cada crisis alimentó la esperanza de encontrar un dirigente providencial capaz de resolver, por sí solo, los problemas nacionales. El caudillismo, sin embargo, no constituye una demostración de fortaleza política, sino la consecuencia de una débil organización institucional.
Las dirigencias contemporáneas, más allá de sus diferencias ideológicas, suelen compartir una misma lógica de funcionamiento. Los grandes proyectos nacionales aparecen como el resultado de la inspiración de minorías dirigentes —sean liberales, socialdemócratas, marxistas o anarcocapitalistas— que elaboran programas destinados luego a ser aceptados por la sociedad. La participación ciudadana queda reducida, en la mayoría de los casos, a elegir entre alternativas previamente definidas, mientras las decisiones fundamentales permanecen concentradas en reducidos círculos de poder que terminan disputando posiciones, privilegios y espacios de influencia.
Cuanto menos organizada se encuentra una comunidad, mayor es su dependencia de sus dirigencias. La Comunidad Organizada propone invertir esa relación. No busca dirigentes más poderosos, sino una comunidad políticamente más madura, capaz de compartir crecientemente las responsabilidades de la conducción nacional.
El nuevo dirigente deberá ser el primero en someterse al acuerdo fundacional. Su autoridad ya no descansará en la posibilidad de imponer su voluntad personal, sino en la coherencia con los principios y objetivos que la propia comunidad haya definido como propios. La primera demostración de liderazgo será, precisamente, la humildad de aceptar que existen compromisos superiores a cualquier proyecto individual o partidario.
La autodeterminación comienza cuando gobernantes y gobernados se reconocen igualmente comprometidos con un mismo destino. El dirigente deja entonces de ser el propietario del proyecto nacional para convertirse en su primer servidor. Su misión no consiste en conducir al pueblo hacia un objetivo concebido exclusivamente por él, sino en organizar la inteligencia colectiva de la comunidad para transformar los acuerdos en realizaciones concretas.
La autoridad del dirigente debe crecer junto con la organización del pueblo y nunca a costa de ella. El conductor del futuro no será quien concentre toda la inteligencia política, sino quien sea capaz de escuchar, armonizar, sintetizar y coordinar la inmensa capacidad creadora dispersa en la comunidad.
Por eso el acuerdo fundacional exige también una nueva ética dirigencial. Quien participe de él deberá aceptar que existen principios y objetivos superiores a su propia identidad partidaria. Deberá comprender que ganar una elección no significa apropiarse temporalmente de la Nación ni asumir un poder ilimitado para refundarla según sus propias convicciones. El Estado no pertenece al vencedor circunstancial de una elección. Pertenece a la comunidad nacional, que delega temporalmente su conducción sin renunciar jamás a su soberanía.
La legitimidad del dirigente dejará entonces de medirse únicamente por su capacidad para conquistar votos y comenzará a evaluarse por su aptitud para fortalecer la organización del pueblo, ampliar su participación y preservar la continuidad del proyecto nacional. La conducción dejará de ser un ejercicio de imposición para convertirse en un permanente esfuerzo de armonización entre la creatividad de la comunidad y los objetivos compartidos que orientan su destino.
El nuevo Estado
También debemos repensar el Estado.
El debate político argentino suele quedar atrapado entre dos posiciones aparentemente irreconciliables: quienes consideran que la solución consiste en construir un Estado cada vez más grande y quienes sostienen que debe reducirse a su mínima expresión.
Pero la discusión fundamental no reside en su tamaño.
Reside en su naturaleza.
Un Estado gigantesco puede resultar completamente impotente si carece del poder político que sólo puede otorgarle una comunidad comprometida con su propio destino. Del mismo modo, un Estado reducido puede terminar subordinado a intereses económicos o geopolíticos ajenos cuando pierde la capacidad de orientar estratégicamente el desarrollo nacional.
La verdadera cuestión consiste en construir un Estado capaz de ejecutar con eficacia las decisiones estratégicas surgidas de la voluntad organizada de la comunidad.
En este punto la doctrina justicialista introduce una innovación institucional de enorme importancia. Distingue dos funciones que en las democracias liberales suelen aparecer confundidas: el Gobierno y el Estado.
El Gobierno de la Democracia Integrada no se reduce al Poder Ejecutivo surgido de una elección. Constituye un ámbito institucional mucho más amplio donde confluyen las fuerzas políticas, las Organizaciones Libres del Pueblo, los representantes de los sectores productivos, las universidades, las organizaciones sociales y las demás expresiones de la comunidad organizada. Su misión fundamental consiste en elaborar los grandes planes estratégicos de la Nación, armonizar los distintos intereses sociales y construir los acuerdos necesarios para orientar el desarrollo nacional.
El Estado, en cambio, tiene como función principal ejecutar esos objetivos con profesionalismo, continuidad y eficiencia administrativa. Su responsabilidad ya no consiste en expresar la identidad partidaria del gobierno de turno, sino en transformar en hechos concretos las decisiones adoptadas por la comunidad organizada a través del Gobierno.
De este modo, la conducción política deja de concentrarse exclusivamente en una estructura partidaria circunstancial y pasa a convertirse en una tarea compartida entre la dirigencia política y la comunidad organizada.
Esta diferenciación permitiría comenzar a superar la identificación partidaria del aparato estatal, uno de los grandes problemas de las democracias contemporáneas. Cada cambio de gobierno suele traducirse en una profunda transformación de las prioridades administrativas, de los cuadros de conducción y, muchas veces, del rumbo estratégico del país. El Estado deja entonces de ser una institución permanente para convertirse en el patrimonio transitorio del vencedor electoral.
La propuesta justicialista procura invertir esa lógica.
Los gobiernos podrán cambiar como expresión legítima de la voluntad popular. Las administraciones deberán profesionalizarse para garantizar la continuidad y la eficiencia de la gestión pública. Los planes estratégicos podrán perfeccionarse y adaptarse a las nuevas circunstancias, pero conservarán una dirección común previamente acordada por la comunidad.
De este modo, el Estado dejará de ser el botín circunstancial de una fuerza política para convertirse en el instrumento permanente de una Nación organizada. Su legitimidad ya no dependerá exclusivamente de la autoridad que le transfiera un gobierno, sino también de la confianza que le otorgue una comunidad que participa activamente en la definición de los objetivos que ese Estado debe ejecutar.
Así entendido, el Estado deja de ser un simple administrador de recursos para transformarse en el gran articulador del proyecto nacional. No gobierna por encima de la comunidad ni en reemplazo de ella: pone su capacidad técnica y administrativa al servicio de una voluntad colectiva que ha decidido organizar conscientemente su propio destino.
La doctrina nacional
Pero ninguna construcción institucional puede sostenerse sin principios compartidos.
Por eso el acuerdo fundacional no debería limitarse a redactar un plan económico o una lista de políticas públicas. Debe comenzar por la construcción de una doctrina nacional.
La palabra doctrina suele generar resistencias porque con frecuencia se la confunde con un dogma o con una ideología cerrada destinada a imponer una única forma de pensar. Sin embargo, una doctrina nacional cumple una función muy distinta. No pretende decirle a cada argentino qué debe pensar ni ofrecer respuestas acabadas para todos los problemas. Su finalidad es establecer los principios fundamentales desde los cuales una comunidad puede pensar, crear y actuar en conjunto.
La Justicia Social no determina una única política salarial. La Independencia Económica no impone un único modelo productivo. La Soberanía Política no prescribe una única forma institucional. Estas banderas no son recetas técnicas ni programas de gobierno; constituyen orientaciones superiores que brindan unidad de propósito sin anular la diversidad de los caminos posibles.
Sólo una doctrina compartida puede armonizar la creatividad de millones de personas orientándola hacia un mismo horizonte nacional. Sólo una doctrina común puede integrar la acción técnica de un Estado profesionalizado con la iniciativa cotidiana de un club de barrio, una cooperativa agraria, una universidad, una empresa o una organización social. Sólo una doctrina compartida puede articular en un mismo proyecto a la Nación, las provincias y los municipios, fortaleciendo un verdadero federalismo basado en objetivos comunes y no únicamente en competencias administrativas.
Del mismo modo, únicamente una doctrina común puede superar la verticalidad propia de la democracia liberal, donde la sociedad recibe pasivamente decisiones elaboradas desde las estructuras del poder. La doctrina crea un lenguaje común, una escala compartida de valores y una dirección colectiva que permite transformar la obediencia en compromiso y la subordinación en participación consciente. La conducción deja entonces de consistir en impartir órdenes para convertirse en la coordinación armónica de los esfuerzos de toda la comunidad.
Por eso la doctrina no clausura el pensamiento: lo libera. No uniforma las ideas: las orienta. No limita la creatividad: le otorga un sentido común.
Sobre esa base, las diferencias ideológicas pueden desarrollarse sin poner en riesgo la unidad nacional. Los distintos proyectos, sensibilidades y propuestas dejan de enfrentarse como visiones irreconciliables para convertirse en aportes diversos a una construcción colectiva. Allí comienza a reconstruirse la confianza y se hace posible la autodeterminación de una comunidad organizada.
El desafío de nuestro tiempo
Estamos convencidos de que el gobierno de Javier Milei representa, en términos políticos e institucionales, la expresión más acabada de la democracia neoliberal que el justicialismo viene cuestionando desde sus orígenes. Su propuesta procura profundizar un modelo de organización social basado en el individualismo, la desregulación económica y la subordinación de las decisiones nacionales a las reglas del orden internacional encabezado por las grandes potencias occidentales. Desde nuestra perspectiva, ese camino debilita progresivamente la capacidad de la Nación para ejercer plenamente su autodeterminación. Ese camino termina en la transformación de Argentina en una colonia intrascendente.
Sin embargo, el desafío del Movimiento Nacional no consiste únicamente en enfrentarlo en el terreno de la disputa electoral. Si reducimos nuestra acción política a la lógica de la democracia liberal, volveremos a quedar atrapados en el mismo movimiento pendular que ha caracterizado a la Argentina durante las últimas décadas. Disputaremos nuevamente el gobierno sin modificar las estructuras que reproducen la crisis y condenaremos al pueblo a oscilar, una vez más, entre proyectos que se suceden sin resolver las causas profundas de nuestra dependencia.
La verdadera tarea consiste en recuperar la vocación revolucionaria del justicialismo. Debemos abandonar todo vanguardismo que pretenda elaborar desde minorías ilustradas el destino de la comunidad y volver a confiar en la capacidad creadora del pueblo argentino. Esa fue precisamente la dirección que Juan Perón dejó planteada en su última gran actualización doctrinaria: El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, donde propuso una democracia capaz de incorporar progresivamente a la comunidad a la elaboración de las grandes decisiones nacionales.
Esto no significa abandonar la lucha electoral. Las elecciones continúan siendo una herramienta legítima e imprescindible de la vida democrática. Pero deben ocupar el lugar que les corresponde dentro de una estrategia mucho más amplia. La verdadera mística del Movimiento Nacional no puede agotarse en la conquista circunstancial del gobierno; debe orientarse a la construcción de una nueva democracia popular que devuelva al pueblo su protagonismo histórico y haga posible un auténtico Acuerdo Fundacional.
Desde esa perspectiva, las batallas electorales recuperan su verdadera dimensión. Dejan de ser un fin en sí mismas para convertirse en una etapa de un proceso permanente de organización comunitaria. Lo decisivo ya no será únicamente quién gobierne durante los próximos años, sino cuánto haya crecido la capacidad del pueblo para participar, deliberar y conducir su propio destino.
Sólo así podrá consolidarse un verdadero Movimiento Nacional: una fuerza política, social y cultural capaz de convocar a todos los argentinos que aspiren a una Nación soberana, organizada y solidaria. Un movimiento que no se defina por la negación de un adversario circunstancial, sino por la afirmación de un proyecto histórico compartido.
El verdadero Acuerdo Fundacional no será, entonces, un pacto entre dirigentes ni la victoria definitiva de un partido sobre otro. Será el momento en que la comunidad argentina vuelva a reconocerse como sujeto de su propia historia y asuma la responsabilidad de construir conscientemente su destino.
Sólo entonces la Justicia Social dejará de ser una reivindicación sectorial; la Independencia Económica dejará de ser una consigna; y la Soberanía Política dejará de depender de la voluntad circunstancial de los gobiernos para convertirse en una realidad construida por el propio pueblo.
Cuando eso ocurra, la Comunidad Organizada dejará de ser solamente una aspiración doctrinaria para transformarse en la forma política de una Nación que ha recuperado definitivamente el gobierno de sí misma.
