La Independencia Económica no consiste en elegir entre más o menos Estado, mercado o planificación. Consiste en construir una comunidad organizada capaz de crear riqueza, armonizar sus fuerzas productivas y poner la economía al servicio del proyecto nacional.
Por Daniel Di Giacinti
La segunda bandera histórica del Justicialismo es la Independencia Económica. Al igual que ocurrió con la Justicia Social, esta bandera también sufrió un progresivo proceso de liberalización conceptual que fue desdibujando su contenido revolucionario. Con frecuencia se la interpreta como si se tratara simplemente de un esquema económico determinado, susceptible de ser encuadrado dentro de las distintas corrientes de pensamiento económico contemporáneo.
Algunos identifican la Independencia Económica con un Estado empresario encargado de controlar los resortes fundamentales de la producción y las finanzas. Otros la reducen a una variante del keynesianismo orientada a estimular en forma permanente el mercado interno mediante la intervención estatal. Sus detractores, por el contrario, la presentan como la defensa de un Estado opresor que limita la iniciativa privada, desalienta la inversión y conduce al aislamiento internacional.
Todas estas interpretaciones comparten una misma limitación: son esencialmente economicistas. Analizan la cuestión desde instrumentos o mecanismos económicos, pero omiten el problema político que le da origen y sentido.
La democracia liberal-colonial
La democracia colonial que actualmente condiciona la vida política argentina se encuentra polarizada entre dos fuerzas que presentan características económicas distintivas. Por un lado, un peronismo liberalizado y por el otro, como reacción a sus limitaciones, un polo conservador. Ambas corrientes conviven dentro de un mismo sistema de representación ciudadana de raíz liberal que le proporciona el marco institucional a su disputa.
El progresismo de raíz peronista intenta recuperar los objetivos históricos de desarrollo, industrialización y justicia social, pero al desenvolverse dentro de las instituciones de la democracia liberal carece de las herramientas políticas necesarias para construir la armonía social y el poder comunitario capaces de sostener ese proceso en el tiempo. Sus proyectos terminan agotándose antes de consolidar una transformación estructural.
El polo conservador, por su parte, capitaliza el desgaste y el rechazo que generan las limitaciones de ese progresismo. Pero, lejos de ofrecer una alternativa de desarrollo nacional, vuelve a proponer las viejas recetas de apertura irrestricta, desregulación y subordinación a los centros de poder económico mundial. En lugar de fortalecer la capacidad autónoma de la Nación, profundiza una inserción dependiente que transforma a la Argentina en un proveedor subordinado de recursos y en un mercado para los intereses de las grandes potencias.
El verdadero problema, por lo tanto, no reside únicamente en las diferencias entre ambos programas económicos, sino como resolver la cuestión política fundamental: la organización de una comunidad capaz de sostener, con participación popular, un proyecto estable de desarrollo nacional. Sin esa base política, cualquier estrategia económica —sea expansiva u ortodoxa— termina inevitablemente debilitándose y cediendo frente a las presiones internas y externas que caracterizan a una democracia colonial.
La comunidad al poder
La democracia liberal ha terminado por fosilizar la relación entre el Estado y la comunidad. Los ciudadanos participan esporádicamente mediante el voto, pero permanecen excluidos de los grandes debates donde se define el destino económico de la Nación. Las decisiones fundamentales son tomadas por dirigencias políticas, burocracias estatales o élites técnicas que gobiernan para la comunidad, pero rara vez con la comunidad.
El Justicialismo propone un camino completamente distinto. Ningún proyecto económico puede sostenerse en el tiempo si no expresa la voluntad organizada del pueblo. La economía no constituye una ciencia autónoma ni un conjunto de recetas universales; es una herramienta al servicio de un proyecto nacional y de una comunidad que busca realizarse.
Por eso, tanto la creación de riqueza como su distribución deben surgir de un proceso creciente de participación popular. La comunidad no debe limitarse a recibir los resultados de un plan económico elaborado por especialistas; debe intervenir en su concepción, en su planificación y en su ejecución. Sólo así es posible generar la confianza, la solidaridad y el compromiso indispensables para sostener un verdadero proceso de desarrollo nacional.
La Independencia Económica no comienza, entonces, con la elección de un determinado modelo económico. Comienza cuando una comunidad adquiere la capacidad de deliberar sobre su propio destino y de poner la economía al servicio de los intereses permanentes de la Nación. Allí reside la diferencia esencial entre una economía impuesta desde una ideología y una economía nacida de la autodeterminación popular.
La bandera de la Independencia Económica no pretende establecer un sistema económico definitivo. Su verdadera función es crear las condiciones políticas e institucionales para que las fuerzas creadoras de la comunidad —el trabajo, la producción, la empresa, la ciencia, la técnica y la cultura— puedan armonizarse detrás de un mismo proyecto nacional. La riqueza deja entonces de ser el resultado de la competencia desordenada entre intereses particulares para convertirse en la obra común de un pueblo que construye conscientemente su propio destino.
En la Comunidad Organizada, la economía deja de ser un ámbito reservado para especialistas y se transforma en una responsabilidad compartida. Cuando el pueblo participa de la construcción de los objetivos nacionales, la Independencia Económica deja de ser una consigna para convertirse en una capacidad real de la Nación.
El concepto económico peronista
Esta concepción conduce a una diferencia aún más profunda con el pensamiento económico liberal. El Justicialismo no solamente rechaza la subordinación de la política a la economía; rechaza también la pretensión de que existan fórmulas universales capaces de resolver mecánicamente los problemas de una comunidad.
Perón denominó a esta visión “economía social”. Su punto de partida es sencillo: toda política económica debe ser evaluada por su capacidad para promover el bienestar del pueblo y fortalecer la comunidad nacional. Las herramientas económicas carecen de valor propio; adquieren sentido únicamente en función de los objetivos humanos y sociales que persiguen.
Por esa razón el Justicialismo nunca aceptó las discusiones abstractas que enfrentan inflacionistas contra deflacionistas o intervencionistas contra librecambistas. Todas esas categorías resultan secundarias frente a la pregunta fundamental: ¿contribuyen estas medidas al bienestar social y al desarrollo de la Nación?
La doctrina justicialista sostiene que no existen sistemas económicos permanentemente eficaces ni recetas aplicables a toda circunstancia histórica. Existen momentos económicos concretos que deben ser comprendidos en su singularidad. Hay situaciones en las que una expansión monetaria puede estimular la producción, el empleo y el bienestar general; otras en las que la estabilidad monetaria puede resultar necesaria para preservar los frutos del crecimiento. Lo mismo puede decirse de la intervención estatal, de la apertura comercial o de las políticas de protección.
La única posición válida es aquella que surge de una comprensión concreta de la realidad nacional y de sus necesidades históricas. Por eso Perón sostenía que el problema económico jamás podía separarse de sus dimensiones sociales y políticas. Una medida técnicamente correcta puede resultar perjudicial si destruye la cohesión de la comunidad, del mismo modo que una medida excepcionalmente heterodoxa puede resultar beneficiosa si fortalece la producción, el trabajo y la confianza colectiva.
Desde esta perspectiva, el ideal económico del Justicialismo tampoco coincide con el equilibrio estático que propone el liberalismo. La mera estabilidad no constituye un objetivo suficiente para una Nación que aspira al desarrollo. Un país puede exhibir equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y apertura comercial mientras permanece estancado, dependiente y socialmente fragmentado.
El ideal justicialista es un equilibrio dinámico. Un equilibrio que no se limita a conservar lo existente, sino que impulsa permanentemente la creación de riqueza, la expansión de las capacidades productivas y la elevación del nivel de vida del conjunto de la comunidad. Se trata de un equilibrio que armoniza simultáneamente las dimensiones económicas, sociales y políticas de la vida nacional.
La Independencia Económica no puede medirse entonces únicamente por indicadores financieros o macroeconómicos. Debe evaluarse por su capacidad para aumentar la producción nacional, fortalecer el trabajo argentino, ampliar las oportunidades de realización humana y consolidar la cohesión de la comunidad organizada. La riqueza sólo adquiere sentido cuando contribuye al bienestar general y cuando su crecimiento fortalece la soberanía de la Nación.
Por eso las tres banderas históricas del Justicialismo aparecen nuevamente unidas. La Independencia Económica no es un objetivo aislado. Su consolidación exige Justicia Social para integrar al pueblo al esfuerzo productivo y requiere Soberanía Política para que las decisiones fundamentales permanezcan en manos de la comunidad nacional. El equilibrio dinámico que proponía Perón era precisamente la armonización de estas tres dimensiones, permitiendo que el crecimiento económico se transformara en desarrollo nacional y que el desarrollo nacional fortaleciera la libertad del pueblo argentino.
Una verificación histórica
La propia experiencia histórica del peronismo durante sus dos primeras presidencias permite verificar esta concepción en la práctica. El Justicialismo no se propuso aplicar un modelo económico rígido ni una doctrina económica cerrada. Su objetivo central fue la construcción de una nueva democracia popular sintetizada en la idea de la Comunidad Organizada. A partir de ese horizonte político fue adaptando sus instrumentos económicos a las distintas circunstancias que debió afrontar.
El primer gobierno peronista, expresado fundamentalmente en el Primer Plan Quinquenal, impulsó una fuerte expansión del mercado interno, la redistribución del ingreso, el aumento del consumo popular y el desarrollo de la industria liviana. Visto desde las categorías actuales, podría ser identificado con algunas de las propuestas que hoy suelen asociarse al progresismo económico.
Sin embargo, las transformaciones del escenario nacional e internacional obligaron posteriormente a una reorientación de la estrategia. El Segundo Plan Quinquenal avanzó hacia una política de mayor austeridad, promovió el incremento de la producción agropecuaria, estimuló las inversiones destinadas al desarrollo de la industria pesada y buscó fortalecer la productividad general de la economía. En términos contemporáneos, muchas de estas medidas serían calificadas como ortodoxas por quienes analizan la realidad exclusivamente desde categorías económicas.
Incluso entre ambas etapas, el gobierno debió implementar un Plan de Emergencia Económica destinado a enfrentar las dificultades derivadas de la inflación, la escasez de divisas y los desequilibrios externos. Aquella política se resumía en una consigna sencilla pero exigente: producir más, consumir menos y ahorrar más. El esfuerzo permitió estabilizar la economía y recuperar márgenes de maniobra para continuar el proceso de desarrollo nacional, aunque exigió sacrificios importantes a toda la comunidad.
La experiencia resulta particularmente ilustrativa porque demuestra que el peronismo no subordinaba la política a la economía, sino la economía a la política. Instrumentos que hoy aparecen como contradictorios convivieron dentro de una misma estrategia nacional porque respondían a un objetivo superior: consolidar una comunidad organizada capaz de ejercer su autodeterminación política, económica y social.
Por eso el problema central del proceso no fue económico sino político. Las dificultades surgieron cuando el proyecto encontró límites para incorporar plenamente a los sectores intermedios de la comunidad —particularmente amplios sectores de la clase media, del empresariado y de la intelectualidad— al desarrollo de las nuevas formas de participación y organización comunitaria que proponía la Comunidad Organizada. Allí comenzó a manifestarse la principal debilidad política del proceso.
La experiencia histórica demuestra así que la suerte de un proyecto nacional no depende exclusivamente de la corrección técnica de sus políticas económicas. Depende, sobre todo, de su capacidad para construir consensos, generar confianza y articular una voluntad colectiva capaz de sostener los esfuerzos necesarios para alcanzar la Independencia Económica. Allí reside la principal enseñanza que el peronismo legó a las generaciones posteriores.
Desarrollo y autodeterminación
Pero el debate sobre la Independencia Económica suele quedar atrapado en falsas discusiones técnicas que ocultan lo esencial. El liberalismo económico ha convertido determinados instrumentos coyunturales en verdaderos dogmas ideológicos. Se discute obsesivamente sobre inflación o deflación, sobre equilibrio fiscal o expansión monetaria, como si esas categorías constituyeran fines en sí mismos.
El Justicialismo siempre sostuvo una visión diferente. Como explicaba Perón, la inflación y la deflación son fenómenos económicos que no mantienen una relación automática con el bienestar del pueblo. Existen períodos de estabilidad monetaria que coincidieron con situaciones de hambre, desempleo y exclusión, así como etapas de expansión económica que permitieron elevar significativamente el nivel de vida de las mayorías. Lo decisivo no es el instrumento utilizado sino el criterio político y social que orienta su aplicación.
La economía no debe ser juzgada por la pureza de sus indicadores sino por su capacidad para generar bienestar, fortalecer la producción y ampliar las posibilidades de realización humana. La verdadera cuestión no consiste en alcanzar un supuesto equilibrio ideal diseñado en los laboratorios de los economistas, sino en construir un equilibrio dinámico capaz de aumentar simultáneamente la riqueza nacional y el bienestar social.
Por eso el Justicialismo nunca fue inflacionista ni deflacionista. Fue profundamente nacional. Subordinó siempre los instrumentos económicos a los objetivos superiores de la comunidad organizada. La economía constituye una herramienta al servicio de la Nación y no una esfera autónoma destinada a imponer sus exigencias sobre la vida de los pueblos.
La crítica antiperonista no solamente oculta este aspecto, sino que además pretende presentar las políticas de promoción y protección nacional como un sistema permanente, dibujando la imagen de un Estado burocrático y opuesto a la iniciativa privada. Nada más lejano de la realidad. La intervención estatal constituye una etapa necesaria para consolidar las capacidades productivas nacionales, del mismo modo que una inversión inicial resulta indispensable para poner en marcha cualquier empresa o emprendimiento.
La independencia como punto de partida nacional
Toda experiencia histórica de desarrollo nacional muestra un rasgo común: ninguna potencia industrial surgió en condiciones de libre competencia absoluta. Antes de competir, todas debieron construir las condiciones materiales, tecnológicas y financieras que les permitieran hacerlo. La Independencia Económica constituye precisamente ese momento fundacional mediante el cual una comunidad adquiere las capacidades necesarias para desenvolverse en igualdad de condiciones frente a los grandes centros de poder mundial.
Inglaterra protegió su industria frente a los centros manufactureros de Flandes. Estados Unidos hizo lo mismo frente a Inglaterra. Alemania, Japón, Corea del Sur y posteriormente China desarrollaron distintas formas de protección y planificación durante las etapas iniciales de su crecimiento. La razón es sencilla. Una economía atrasada no puede competir en igualdad de condiciones con economías que ya poseen capital acumulado, tecnología avanzada, infraestructura desarrollada y mercados consolidados.
Por eso las etapas iniciales del desarrollo exigen mecanismos de protección, planificación e inversión estratégica que permitan consolidar capacidades productivas propias. La doctrina justicialista nunca concibió estas herramientas como un fin en sí mismo. Las entendió como instrumentos transitorios destinados a construir una economía capaz de sostenerse por sus propios medios y competir posteriormente en mejores condiciones. La Independencia Económica no busca el aislamiento. Busca la fortaleza necesaria para participar del mundo sin subordinación.
El Estado y la iniciativa privada
“El Estado ha de estar para ayudar a las empresas privadas (…) la industria es una empresa privada, el Estado no tiene ningún interés y tan pronto las empresas estatales, actualmente tomadas en estado de antieconomía puedan ser devueltas a la actividad privada, el Estado tendrá un gran placer en desprenderse de todas esas empresas (…) Nosotros somos gobierno, no industriales.” (Juan Perón, citado en Rougier, 2012,P. 165)
La Independencia Económica tampoco implica una negación de la iniciativa privada. Por el contrario, el desarrollo nacional requiere una vigorosa capacidad empresarial, innovación permanente, inversión productiva y creatividad económica.
La experiencia histórica del primer peronismo demuestra que el objetivo de la intervención estatal no era sustituir indefinidamente a la actividad privada, sino crear las condiciones necesarias para que ésta pudiera desarrollarse dentro de un proyecto nacional. Cuando Perón impulsó nacionalizaciones estratégicas, controló el sistema financiero o fortaleció empresas públicas, no lo hizo para eliminar el mercado sino para recuperar instrumentos fundamentales de decisión que se encontraban bajo control extranjero.
La cuestión central nunca fue estatalizar o privatizar. La cuestión central era quién ejercía efectivamente el control de los resortes estratégicos del desarrollo nacional. El Estado debía actuar allí donde los intereses privados no podían o no querían asumir las responsabilidades necesarias para garantizar la autonomía económica de la Nación. Pero el objetivo final seguía siendo una economía dinámica, creativa y productiva, sostenida por una amplia participación de las fuerzas sociales y empresariales del país.
De la solidaridad social a la solidaridad nacional
La experiencia peronista también mostró los límites de una organización basada exclusivamente en intereses sectoriales. Los trabajadores podían organizarse para defender sus derechos. Los empresarios podían hacerlo para defender sus actividades. Las distintas expresiones sociales podían representar legítimamente sus intereses particulares.
Sin embargo, ninguna Nación puede desarrollarse si cada sector actúa únicamente en función de sus propias demandas. Por esa razón Perón intentó avanzar hacia una forma superior de organización política mediante los Consejos Económicos y Sociales y la participación de las Organizaciones Libres del Pueblo en la elaboración de los planes nacionales.
La finalidad era crear ámbitos donde trabajadores, empresarios, profesionales, universidades y organizaciones sociales pudieran pensar conjuntamente el destino del país. No se trataba de eliminar los intereses sectoriales, sino de integrarlos dentro de una perspectiva nacional. La Independencia Económica requiere precisamente esa capacidad de armonización. No puede existir desarrollo nacional si las fuerzas productivas de una comunidad permanecen enfrentadas entre sí.
La Independencia Económica como expresión de la autodeterminación popular
La gran cuestión del siglo XXI ya no consiste únicamente en discutir qué modelo económico aplicar. La verdadera cuestión consiste en quién tiene la capacidad de decidirlo. La nueva democracia popular propuesta por el Justicialismo no pretende imponer una receta económica definitiva ni una verdad cerrada sobre la organización de la producción. Su propósito es crear las condiciones políticas, culturales e institucionales para que la propia comunidad pueda deliberar, planificar y construir colectivamente su futuro.
La Independencia Económica aparece entonces como una consecuencia directa de la autodeterminación popular. Un pueblo capaz de organizarse, participar y construir consensos estratégicos posee mayores posibilidades de orientar su desarrollo que una sociedad fragmentada y sometida a conflictos permanentes.
No sabemos cuál será la forma definitiva que adoptará nuestra economía nacional. Esa forma no surgirá de la aplicación de un modelo preconcebido, sino del esfuerzo creador de los trabajadores, los empresarios y el conjunto de la comunidad argentina, organizados detrás de un proyecto nacional compartido. Por eso la Independencia Económica no constituye solamente una bandera económica. Es una forma superior de soberanía. Es la capacidad de una Nación para transformar su trabajo, su inteligencia, sus recursos y su creatividad en un proyecto propio de desarrollo.
Y es, junto con la Justicia Social y la Soberanía Política, uno de los pilares indispensables para la construcción de una Comunidad Organizada capaz de ejercer su autodeterminación, realizar plenamente su destino histórico y proyectar su desarrollo en el concierto de las naciones.
