Por Daniel Di Giacinti
El vanguardismo. La experiencia kirchnerista. Las “orgas”. El caudillismo
En el primer documento sobre la organización popular planteábamos la necesidad de definir un acuerdo sobre principios comunes que permitiera poner en marcha una nueva democracia autodeterminante. Sosteníamos que ese basamento doctrinario debía surgir de un Acuerdo Fundacional entre las distintas fuerzas políticas y sociales de la Nación, capaz de ordenar las potencialidades del país en torno a un proyecto común.
Sin embargo, somos conscientes de que, desde la muerte del general Perón, el Movimiento Nacional ha perdido progresivamente el rumbo de su proyecto histórico. En lugar de profundizar su concepción revolucionaria de la democracia y avanzar hacia nuevas formas de participación popular, terminó reagrupándose como uno de los polos progresistas de las democracias liberales contemporáneas.
Por eso resulta necesaria una etapa de lucha política y cultural profunda que permita hacer visibles las nuevas formas de dominación que condicionan la vida de nuestros pueblos y, al mismo tiempo, desarrollar una conciencia colectiva sobre la necesidad de superarlas. No alcanza con denunciar las consecuencias de la dependencia: es necesario comprender sus mecanismos y construir una alternativa democrática capaz de liberar las potencialidades de la comunidad. Esto implica proponer un nuevo concepto de democracia y con él, una nueva relación entre dirigentes y ciudadanos. No se trata simplemente de reemplazar a unos dirigentes por otros, sino de modificar la relación misma entre conducción política y participación popular.
En este sentido, debemos asumir una etapa que el general Perón caracterizó como toma del poder. Pero debemos comprender esta expresión en toda su dimensión política. No se trata solamente de conquistar el gobierno mediante una elección, sino de construir el poder social, cultural y político necesario para transformar las estructuras que condicionan la autodeterminación de la comunidad.
Debemos ser claros al respecto: sin el establecimiento de un objetivo revolucionario orientado a transformar profundamente las estructuras de poder, no habrá posibilidad de poner en marcha las nuevas formas de autodeterminación que estamos proponiendo.
Esto no significa abandonar la lucha que hoy desarrolla el Movimiento frente al polo neoliberal encabezado por Javier Milei. Significa, por el contrario, darle un sentido estratégico a esa resistencia. Una oposición limitada a impedir o reemplazar a un gobierno puede reunir voluntades circunstancialmente, pero difícilmente pueda generar una mística colectiva capaz de movilizar durante un proceso histórico prolongado. La resistencia necesita un objetivo superior que la trascienda y le permita convertirse en construcción.
Pelear exclusivamente dentro del esquema de representación electoral no solamente puede dividir las fuerzas populares: también puede terminar legitimando como horizonte definitivo el sistema institucional que precisamente buscamos transformar. Si toda nuestra acción política queda subordinada a la próxima elección, corremos el riesgo de aceptar como inmodificable la estructura de poder que queremos superar.
En este sentido, un individualismo progresista y un individualismo neoliberal pueden expresar diferencias profundas en sus políticas y en sus objetivos inmediatos, pero comparten una misma limitación: colocan al individuo aislado en el centro de la construcción política y relegan la organización comunitaria a un papel secundario. Por eso la alternativa no consiste simplemente en reemplazar un individualismo por otro.
Tampoco se trata de idealizar al pueblo, afirmar que nunca se equivoca o convertirlo en una abstracción romántica. Se trata de algo mucho más concreto y exigente: construir una política que incluya al pueblo desde el principio.
La comunidad no debe ser convocada únicamente para votar, acompañar una movilización o legitimar decisiones tomadas por otros. Debe participar en la definición de los principios, en la elaboración de los objetivos, en la construcción de las organizaciones y en el control de las decisiones que afectan su destino. Ése es el verdadero sentido de la organización popular.
No organizar al pueblo para conquistar el poder en su nombre, sino organizarlo para que pueda ejercer progresivamente su propio poder.
El vanguardismo y la organización popular
Uno de los principales obstáculos para la construcción de una nueva democracia autodeterminante es el vanguardismo. No se trata solamente de una corriente política determinada ni puede identificarse exclusivamente con las organizaciones tradicionales de la izquierda. Es, fundamentalmente, una concepción de la relación entre conocimiento, conducción y pueblo: la idea de que existe una minoría que, por poseer un saber superior —político, científico, técnico o ideológico—, se encuentra especialmente capacitada para interpretar el destino de la comunidad y conducirla hacia él.
En el debate político e ideológico con el peronismo, esta concepción ha tenido históricamente una expresión particularmente fuerte en las élites intelectuales y en las organizaciones políticas de izquierda tradicional, especialmente aquellas vinculadas con el marxismo-leninismo y el trotskismo. Pero la lógica vanguardista no pertenece exclusivamente a esas tradiciones. También puede aparecer en sectores liberales, tecnocráticos o burocráticos cuando sostienen que las grandes decisiones sociales deben quedar reservadas a quienes poseen los conocimientos especializados necesarios para adoptarlas. En todos estos casos aparece un mismo supuesto: la comunidad no posee por sí misma la capacidad suficiente para determinar su propio destino. Necesita ser orientada por quienes saben.
El justicialismo parte de una premisa diferente. Considera que el sujeto fundamental de la historia no es una minoría ilustrada sino el propio pueblo, entendido no como una masa homogénea y pasiva, sino como una comunidad portadora de valores, experiencias, tradiciones y capacidades que deben ser organizadas políticamente. La diferencia no es menor.
Para el vanguardismo, la organización comienza con la transmisión de una conciencia que la minoría dirigente posee previamente. Para la concepción comunitaria, la organización debe comenzar por reconocer, desarrollar y articular la conciencia existente en el propio pueblo.
Esto no significa idealizar al pueblo ni afirmar que toda decisión popular es necesariamente correcta. Tampoco supone negar la importancia del conocimiento científico, de la educación o de la capacidad técnica. Significa algo diferente: ningún conocimiento especializado puede sustituir la voluntad y la experiencia histórica de la comunidad a la que pretende servir. La cuestión central pasa entonces a ser cómo se relacionan conocimiento y comunidad.
El dogmatismo del saber
Una de las características del vanguardismo es la subordinación de la realidad concreta a una teoría previamente elaborada. La ideología o el conocimiento técnico pasan a ocupar un lugar superior a la experiencia histórica y cultural de los pueblos.
La teoría deja entonces de ser una herramienta para comprender la realidad y se transforma en un criterio desde el cual juzgarla. Cuando esto sucede, aquello que no coincide con la teoría es interpretado como atraso, ignorancia o falsa conciencia. La comunidad deja de ser fuente de conocimiento político y pasa a convertirse en objeto de educación y conducción.
El vanguardismo puede adoptar entonces una forma aparentemente paradójica: pretende liberar al pueblo, pero comienza por desconfiar de su capacidad para liberarse por sí mismo. Desde esta perspectiva, los sectores populares pueden ser considerados capaces de expresar necesidades económicas inmediatas, pero no necesariamente de construir una concepción política propia. Necesitarían entonces que una minoría organizada les proporcione la conciencia histórica que supuestamente todavía no poseen.
Aquí aparece una de las raíces más profundas del vanguardismo: la separación entre quienes conocen y quienes deben ser conducidos.
El problema filosófico del intelectualismo
Esta concepción puede relacionarse con una tradición filosófica mucho más antigua. En el pensamiento socrático aparece la idea de que existe una relación profunda entre conocimiento y virtud: quien conoce verdaderamente el Bien debería orientar su conducta de acuerdo con ese conocimiento. Platón llevará esta problemática al terreno político en La República, donde la conducción de la ciudad queda vinculada al conocimiento de aquello que constituye el Bien.
No es necesario establecer una línea directa entre esta filosofía y las formas modernas de vanguardismo. Son contextos históricos radicalmente diferentes. Sin embargo, puede reconocerse una estructura conceptual que posteriormente reaparecerá, transformada, en distintas concepciones políticas: la identificación entre conocimiento y capacidad superiores para conducir.
A lo largo de la historia, esa relación puede experimentar una transformación decisiva. El saber filosófico, moral y contemplativo puede convertirse progresivamente en saber racional, científico y técnico. La antigua pregunta acerca de quién conoce el Bien puede terminar convertida en otra mucho más pragmática: ¿quién posee los conocimientos necesarios para administrar correctamente la sociedad?
Cuando esto ocurre, la autoridad moral y política comienza a trasladarse desde la comunidad hacia los especialistas. La educación deja entonces de ser solamente un proceso de formación humana y puede convertirse en un mecanismo de legitimación de nuevas élites dirigentes. El supuesto pasa a ser que, si determinados individuos poseen mayor conocimiento, también poseen una mayor capacidad para determinar aquello que conviene al conjunto.
Surge así una lógica que puede encontrarse tanto en el despotismo ilustrado como en ciertas formas modernas de tecnocracia: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La diferencia con el vanguardismo político tradicional es menor de lo que podría parecer. En ambos casos existe una misma separación: unos poseen el conocimiento necesario para definir el rumbo y otros reciben las decisiones.
Del saber técnico a la tecnocracia
Esta lógica no pertenece solamente a las corrientes revolucionarias de izquierda. También puede aparecer en las democracias liberales contemporáneas cuando las decisiones fundamentales quedan progresivamente concentradas en equipos técnicos, organismos especializados, expertos económicos o estructuras burocráticas alejadas de la participación comunitaria.
El problema no reside en la existencia de especialistas. Una comunidad moderna necesita científicos, economistas, ingenieros, administradores, juristas y profesionales de todas las disciplinas. El problema comienza cuando el conocimiento técnico deja de ser un instrumento de la decisión política y pretende convertirse en su fuente exclusiva de legitimidad.
El experto puede explicar qué consecuencias tendrá una determinada decisión. Puede aportar información indispensable para evaluar alternativas. Puede ayudar a determinar qué medios son más eficaces para alcanzar un objetivo. Pero no puede decidir por sí solo cuál debe ser el objetivo de la comunidad. Esa decisión pertenece a la política y, en última instancia, a la comunidad organizada.
Por eso el problema de la tecnocracia no es el conocimiento. Es la transformación del conocimiento en poder separado de la comunidad.
La diferencia justicialista
Aquí aparece una diferencia fundamental con la concepción justicialista de la organización popular. Desde la perspectiva del justicialismo, el pueblo no necesita que una élite le inyecte una conciencia que le es completamente ajena. Posee una cultura viva, construida a través de su experiencia histórica y de sus relaciones comunitarias. En ella existen valores de solidaridad, cooperación, justicia y pertenencia que pueden constituir la materia prima de una construcción política superior.
Organizar al pueblo no significa entonces educarlo desde arriba para convertirlo en aquello que una minoría considera que debe ser. Significa crear las condiciones para que aquello que el pueblo ya posee pueda adquirir conciencia de sí mismo, relacionarse con otras experiencias sociales y transformarse en capacidad política organizada.
La organización no sustituye a la comunidad. La potencia.
La doctrina no reemplaza su creatividad. La orienta.
La conducción no decide por ella. Coordina sus capacidades.
Esta diferencia permite comprender por qué la Comunidad Organizada constituye una concepción radicalmente diferente del vanguardismo. No propone sustituir una élite por otra, sino modificar la propia estructura de la relación entre dirigentes y comunidad.
El vanguardismo como obstáculo para la autodeterminación
Por eso el vanguardismo constituye un obstáculo para la nueva democracia que proponemos. Puede presentarse bajo formas revolucionarias o conservadoras, progresistas o liberales, partidarias o tecnocráticas. Puede invocar la ciencia, la ideología, la eficiencia, la modernización o incluso la liberación del pueblo.
Pero cuando parte de la convicción de que una minoría posee una verdad superior que debe ser impuesta al conjunto, termina reproduciendo una estructura de poder vertical. La comunidad continúa siendo objeto. La dirigencia continúa siendo sujeto y la distancia entre ambas permanece intacta.
El desafío consiste precisamente en invertir esa relación. No necesitamos una nueva élite iluminada que venga a organizar al pueblo. Necesitamos una nueva dirigencia capaz de organizar las capacidades que ya existen en el pueblo. No necesitamos una vanguardia que conduzca a las masas hacia una sociedad previamente imaginada. Necesitamos una comunidad organizada capaz de construir, mediante su propia participación, las formas institucionales de la sociedad que desea.
Éste es el verdadero sentido de la organización popular. No se trata de llevar conciencia al pueblo, sino de organizar la conciencia, la experiencia y los valores que el pueblo ya posee para convertirlos en poder político. Y allí comienza la diferencia fundamental entre una democracia de dirigentes y una democracia de autodeterminación comunitaria.
Las virtudes populares y los vicios de la oligarquía
Cuando uno visita la Quinta 17 de octubre, en la localidad de San Vicente, donde descansan los restos del general Juan Perón, podría imaginar que en su lápida se encuentran inscriptas las tres banderas fundamentales del Justicialismo o las Veinte Verdades Peronistas. Sin embargo, no es así. Entre las palabras que allí pueden leerse aparecen otras que expresan, de manera mucho más sencilla y profunda, aquello que el peronismo consideró como fundamento moral de la comunidad: lealtad, solidaridad y humildad.
No se trata de una elección casual. Son virtudes populares que la doctrina justicialista reconoce, desarrolla y profundiza, y que encuentran una formulación particularmente significativa en el libro Filosofía Peronista de la Escuela Superior Peronista. Frente a ellas aparece la caracterización de los vicios propios de la oligarquía: una concepción de la vida fundada en el individualismo, la soberbia, el privilegio y la separación respecto de la comunidad.
Esta distinción resulta fundamental para comprender la concepción peronista de la organización popular. El Justicialismo no parte de la idea de que el pueblo sea una masa carente de valores que necesita recibir desde afuera una conciencia política elaborada por una élite. Por el contrario, parte de la convicción de que en la cultura popular existen valores fundamentales sobre los cuales puede construirse una nueva organización social.
Esos valores tampoco nacieron con el peronismo. Forman parte de una tradición mucho más antigua. El cristianismo contribuyó decisivamente a incorporarlos a la cultura de los pueblos durante más de dos mil años, colocando en el centro de la vida social valores como la solidaridad, la humildad, la fraternidad y el reconocimiento de la dignidad de cada persona. El peronismo recoge esa tradición y la proyecta en una concepción política y social.
Por eso el Justicialismo es profundamente cristiano en su concepción del hombre y de la comunidad. Y por eso, al mismo tiempo, cree en el pueblo. Cree que los valores fundamentales de una comunidad no necesariamente se encuentran con mayor intensidad en los sectores que poseen más educación formal, riqueza o poder. Muchas veces pueden encontrarse con mayor profundidad precisamente allí donde la vida comunitaria obliga a las personas a practicar cotidianamente la solidaridad.
En las barriadas populares, en los sindicatos, en las cooperativas, en los clubes, en las sociedades de fomento y en tantas otras organizaciones comunitarias pueden encontrarse experiencias de solidaridad, lealtad y humildad que constituyen una verdadera riqueza moral ausente en general, en los ámbitos que nuclean a la alta sofisticación intelectual. No porque el pueblo sea moralmente perfecto, sino porque la vida compartida genera vínculos y responsabilidades que ninguna teoría elaborada desde una minoría puede reemplazar. Aquí aparece nuevamente la diferencia con el vanguardismo.
La doctrina justicialista no inventa las virtudes del pueblo para después enseñárselas. Las reconoce, las interpreta, las profundiza y procura convertirlas en principios de organización política.
En este sentido, los principios doctrinarios justicialistas no son fórmulas abstractas elaboradas por intelectuales alejados de la realidad. Son herramientas conceptuales mediante las cuales el general Perón supo interpretar valores que ya estaban presentes en la experiencia de sus trabajadores. La lealtad constituye quizás el ejemplo histórico más extraordinario.
El 17 de octubre de 1945, aquellos trabajadores que Perón había contribuido a organizar no respondieron a una convocatoria elaborada por una vanguardia ideológica. Salieron a la calle porque habían establecido un vínculo político y humano con quien había interpretado sus necesidades y reconocido su dignidad. Esa jornada expresó una virtud que posteriormente se convirtió en uno de los pilares de la identidad justicialista: la lealtad.
Y esa lealtad no terminó aquel día.
Durante los dieciocho años de proscripción, persecución y exilio del peronismo, millones de argentinos mantuvieron viva la identidad peronista y sostuvieron la esperanza del regreso de su líder. Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse sobre aquel período, existe allí un fenómeno político extraordinario: una identidad popular que sobrevivió a la ausencia del Estado, a la proscripción de su nombre y a la persecución de sus organizaciones.
La doctrina justicialista supo reconocer en esa experiencia algo que una concepción vanguardista difícilmente pueda comprender: el pueblo no necesitó que una élite le explicara por qué debía ser leal. La lealtad ya formaba parte de su propia experiencia política. La tarea de la doctrina fue darle conciencia, lenguaje y organización a ese sentimiento.
Por eso, cuando hablamos de organización popular, no estamos hablando simplemente de construir estructuras para movilizar personas. Estamos hablando de algo mucho más profundo: organizar políticamente las virtudes que ya existen en la comunidad.
La lealtad puede convertirse en compromiso.
La solidaridad puede convertirse en organización.
La humildad puede convertirse en una ética de conducción.
Y esas virtudes, cuando encuentran una doctrina que las armoniza y una organización que las expresa, pueden transformarse en una fuerza política capaz de construir una nueva democracia.
La revolución justicialista comienza allí: no cuando una minoría descubre qué debe hacer el pueblo, sino cuando el propio pueblo reconoce el valor de aquello que ya lleva en su cultura y encuentra las formas de organizarlo para transformar la Nación.
La experiencia kirchnerista
El kirchnerismo nació en el contexto de la profunda crisis de representación que atravesó la Argentina en 2001. El estallido social de diciembre de aquel año expresó un rechazo extendido hacia las dirigencias y hacia las formas tradicionales de representación política. La consigna «que se vayan todos» condensó esa ruptura y abrió un período de fuerte cuestionamiento a las instituciones y a las formas tradicionales de hacer política.
La llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003 contribuyó a recomponer la legitimidad del sistema político y produjo una nueva articulación entre Estado, organizaciones sociales, sindicatos y estructuras partidarias. El kirchnerismo se construyó precisamente a partir de la confluencia de esas tres dimensiones: organizaciones sociales, movimiento sindical y estructura político-partidaria.
Desde nuestra perspectiva, el kirchnerismo intentó recuperar parte de las banderas históricas del peronismo y reconstruir, desde el Estado, algunas de las políticas sociales, económicas y productivas asociadas con los primeros gobiernos de Juan Perón. Procuró de esta manera dejar atrás el ciclo neoliberal que había desembocado en la crisis de 2001 y reconstruir una identidad política nacional-popular. Sin embargo, allí comenzó a manifestarse una de sus principales limitaciones.
El kirchnerismo procuró realizar una transformación significativa desde el Estado, pero no consiguió transformar de manera equivalente las formas de construcción del poder político. Aunque incorporó a numerosos movimientos sociales a la acción estatal y produjo una importante reconfiguración de las relaciones entre las organizaciones populares y el gobierno, esa incorporación quedó frecuentemente vinculada a la participación en las estructuras estatales y a la conducción del proyecto desde arriba.
No se produjo un Acuerdo Fundacional como el propuesto en el Modelo Argentino, capaz de convocar a las distintas fuerzas políticas y sociales a elaborar un proyecto común, definiendo previamente los principios compartidos y los grandes objetivos nacionales que permitieran incorporar a la comunidad en su conjunto al proceso de transformación.
La construcción política se articuló, fundamentalmente, mediante una serie de alianzas establecidas desde el poder, incorporando distintos sectores y distribuyendo espacios dentro de la estructura gubernamental. Ese proceso fue denominado transversalidad, pero no llegó a constituir una nueva arquitectura de participación política en la que las distintas fuerzas pudieran reconocerse como partes de un proyecto nacional común.
Allí aparece nuevamente la diferencia entre construir poder desde el gobierno y construir poder desde la comunidad. La primera puede ampliar la capacidad de acción de un gobierno; la segunda busca modificar de manera permanente la relación entre la sociedad y el poder político.
El caudillismo
El problema no reside en haber utilizado el Estado para transformar la realidad. El problema reside en que el Estado terminó ocupando un lugar demasiado central en la construcción política, mientras la organización autónoma y permanente de la comunidad quedó subordinada a la dinámica del gobierno.
La experiencia comenzó así a reproducir una contradicción que atraviesa buena parte de la política argentina: se pretendía transformar la sociedad mediante políticas populares, pero sin modificar profundamente la relación entre la comunidad y el poder político.
La ausencia de una verdadera armonización social terminó convirtiéndose en un límite para la consolidación de ese proceso. En lugar de avanzar hacia una organización comunitaria capaz de sostener las transformaciones más allá de los gobiernos, la construcción política fue adquiriendo progresivamente características de vanguardismo dirigencial: una conducción que interpretaba el rumbo histórico y una militancia cuya función principal consistía en acompañar, defender y extender ese proyecto particular.
De este modo, la construcción de poder terminó quedando demasiado circunscripta al crecimiento del poder de sus dirigentes nacionales. El poder político, en lugar de expandirse horizontalmente hacia la comunidad organizada, tendió a concentrarse alrededor de determinadas figuras de conducción.
Un ejemplo significativo puede encontrarse en el conflicto suscitado por la Resolución 125, en 2008. Más allá de las razones económicas y políticas que estuvieron en juego, el episodio permite observar un problema de naturaleza más profunda: la dificultad para reconocer públicamente un posible error o revisar una decisión cuando hacerlo podía afectar la autoridad o la credibilidad de la conducción presidencial.
Desde esa perspectiva, ese mecanismo terminó reforzando una lógica de caudillismo político. En lugar de admitir que una conducción puede equivocarse y que la comunidad puede participar en la corrección del rumbo, se tendió a convertir la defensa de la conducción en una condición de la defensa del proyecto. La consecuencia fue una polarización que terminó teniendo costos políticos graves.
Pero quizás lo más significativo fue que, frente al conflicto, no se apeló suficientemente a la construcción de puentes con la comunidad a partir de principios comunes. La respuesta predominante tendió a reforzar la autoridad de la conducción antes que a abrir un proceso de reflexión colectiva capaz de incorporar las distintas posiciones existentes dentro del propio campo popular.
Allí aparece una cuestión doctrinaria de fondo. Cuando la conducción se presenta como incapaz de equivocarse, la organización popular deja de ser necesaria. Si el dirigente posee siempre la interpretación correcta de la realidad, la función de la comunidad queda reducida a acompañar, defender y legitimar sus decisiones. Se reproduce así, en términos modernos, una lógica semejante a la antigua fórmula del poder monárquico: el rey no se equivoca.
El problema no es solamente la concentración del poder en una persona. Es la cultura política que esa concentración puede generar. Cuando la autoridad se construye sobre la idea de infalibilidad, quienes aspiran a conducir comienzan a reproducir el mismo modelo: cada dirigente procura convertirse en intérprete exclusivo del proyecto, cada sector construye su propia legitimidad y cada conducción reclama para sí una relación privilegiada con el pueblo. Así, el caudillismo no desaparece: se multiplica.
Y esta multiplicación de dirigentes que se consideran depositarios de una verdad política particular constituye, precisamente, uno de los obstáculos que la organización popular debe superar. Porque el objetivo de una nueva democracia no puede ser reemplazar un caudillo por otro ni multiplicar los centros de autoridad personal. Debe transformar la propia naturaleza de la conducción.
Si a esto sumamos que la falta de participación popular impide el crecimiento del poder político real de la comunidad, el caudillismo termina disputándose y repartiendo las reducidas cuotas de representatividad que una conciencia social debilitada está en condiciones de otorgarle. De este modo, la propia debilidad de la participación popular termina alimentando la dispersión dirigencial: distintos liderazgos compiten por administrar fragmentos de un poder político limitado, en lugar de construir las condiciones para ampliarlo.
Los caudillismos intentarán entonces diferenciarse acentuando sus perfiles ideológicos, dando lugar a administraciones más conservadoras o más transformadoras, pero ninguna de ellas dispondrá, por sí sola, del poder político y social necesario para recomponer la armonía social perdida. La disputa por los matices del gobierno termina así reemplazando una cuestión mucho más profunda: cómo reconstruir el poder de la comunidad para que pueda dejar de administrar las limitaciones de un sistema dependiente y comenzar a definir colectivamente su propio destino.
La conducción del futuro no debería basarse en la infalibilidad del dirigente, sino en su capacidad para organizar la inteligencia colectiva, reconocer los errores, armonizar las diferencias y convertir los principios comunes en acción política.
En ese sentido, el verdadero desafío es superar el caudillismo: pasar de una política en la que el pueblo sigue a quienes dicen interpretar su destino, a una política en la que los dirigentes encuentren su legitimidad en la capacidad de organizar junto al pueblo la construcción de ese destino.
La comunidad no necesita dirigentes que nunca se equivoquen. Necesita dirigentes capaces de reconocer el error, escuchar a la comunidad y corregir el rumbo junto con ella.
Las “orgas”
Las organizaciones juveniles constituyeron una expresión particularmente significativa de este proceso. La Cámpora (1) por ejemplo, surgida durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desarrolló formas de militancia estrechamente vinculadas con el Estado y construyó una narrativa política en la que los años setenta, los años noventa y la propia experiencia kirchnerista ocuparon un lugar central.
El problema no estuvo en la recuperación de esa memoria histórica, ni en la reivindicación de quienes participaron de aquellas experiencias. El problema apareció cuando una parte de esa memoria comenzó a funcionar como matriz política para interpretar el presente, dificultando una revisión crítica de aquella experiencia histórica y de sus métodos de construcción de poder.
En ese sentido, estas organizaciones recuperaron, en cierta medida, una concepción de la organización política que había caracterizado a buena parte de las experiencias revolucionarias de los años setenta: una estructura militante altamente organizada, con una conducción definida y una identidad política fuerte, concebida como instrumento para ordenar y disputar el poder.
Esta concepción podía entenderse en su momento histórico como una reacción frente a la crisis de la partidocracia argentina. Durante buena parte del siglo XX, el sistema político había demostrado ser incapaz de integrar plenamente a sectores fundamentales de la sociedad y, particularmente, al movimiento popular que había adquirido una gravitación decisiva en la vida nacional. La proscripción del peronismo durante casi dos décadas constituyó, desde esta perspectiva, una ruptura profunda entre representación política y realidad social.
Sin embargo, la respuesta a esa crisis produjo otra forma de organización que también podía terminar separando a la conducción de la comunidad. El “partido revolucionario”, la organización militante y la conducción política pasaron a ocupar el lugar de intérpretes privilegiados de la realidad popular. El pueblo era concebido como destinatario de una conducción organizada antes que como protagonista permanente de la elaboración política.
En el caso de la experiencia kirchnerista, esta lógica encontró además una referencia personal particularmente fuerte en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la legitimidad de una organización se estructura alrededor de la defensa de una conducción considerada excepcional, puede reproducirse aquello que señalábamos al analizar el caudillismo: la organización deja de ser un instrumento para ampliar la participación popular y comienza a funcionar como estructura de protección y reproducción del liderazgo.
El fenómeno que se expresaba en los llamados “patios militantes”, con una intensa mística puertas adentro, comenzó a convivir con una creciente dificultad para ampliar esos vínculos puertas afuera. La fortaleza de la identidad interna no siempre encontraba una correspondencia equivalente en la capacidad de incorporar a sectores más amplios de la comunidad.
El problema, entonces, no reside en la existencia de organizaciones políticas fuertes. Toda transformación profunda necesita organización. El problema aparece cuando esta termina sustituyendo a la comunidad y cuando la disciplina militante se confunde con la construcción del poder popular.
Por eso, la cuestión que debemos plantearnos no es si las «orgas» eran necesarias o innecesarias, ni si la militancia organizada constituye un valor en sí mismo. La pregunta fundamental es: ¿para quién y para qué se organiza el poder?
Si la organización sirve para incorporar progresivamente a la comunidad a la elaboración de las decisiones, estamos ante un instrumento de democracia participativa. Si, por el contrario, se convierte en una estructura destinada a concentrar el poder alrededor de un dirigente, volvemos a reproducir la lógica del vanguardismo.
La recuperación de las formas orgánicas de las juventudes de los años setenta estuvo acompañada también por una reivindicación histórica de aquella experiencia. Sin embargo, la ausencia de una revisión suficientemente profunda de la crisis que atravesó al peronismo en esa etapa favoreció, desde nuestra perspectiva, una reconstrucción parcial de su memoria.
La dificultad para comprender el sentido revolucionario de la propuesta de Juan Perón contribuyó a que su figura, durante su tercer gobierno, quedara muchas veces enfrentada simbólicamente con la de los sectores juveniles que habían protagonizado la radicalización política de aquellos años. Esta lectura dificultó una comprensión integral del último proceso de actualización doctrinaria del General y de su esfuerzo por reconstruir una democracia integrada, en la que la transformación nacional debía apoyarse en la organización y participación del conjunto de la comunidad. Esta dificultad tuvo consecuencias políticas.
Al incorporar determinadas tradiciones setentistas sin realizar, al mismo tiempo, una revisión crítica de sus límites, el kirchnerismo fue alejándose de sectores de la cultura popular que no se reconocían plenamente en esa reconstrucción histórica. La organización política comenzó así a hablar cada vez más desde sus propias categorías y menos desde las experiencias concretas de una comunidad que, además, había cambiado profundamente.
Sin embargo, la historia no puede borrarse ni puede quedar subordinada a una determinada interpretación del pasado. Una política de derechos humanos resulta inseparable del reconocimiento de las víctimas y de la necesidad de preservar la memoria, pero ello no debería impedir una revisión crítica de las decisiones, concepciones y métodos políticos de los distintos actores de aquella época. Una cosa es reivindicar el compromiso con los derechos humanos y otra, muy diferente, convertir en incuestionable toda una experiencia política. El asesinato de José Ignacio Rucci o la muerte de los conscriptos durante el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa son, entre otros, episodios que forman parte de esa historia y que requieren ser incorporados a una mirada que no seleccione solamente aquello que confirma una determinada narrativa.
No se trata de negar la historia, sino de asumirla en toda su complejidad. Una memoria democrática debería permitir comprender críticamente el pasado, sus conflictos, sus aciertos y sus errores, sin convertir una determinada interpretación histórica en una fuente de legitimidad política incuestionable para el presente.
La reacción mileísta
Debemos insistir en un principio fundamental: la unidad con el pueblo solo puede construirse sobre la base de principios comunes que hagan posible una acción colectiva. Para ello, la dirigencia debe asumir y transmitir con claridad la importancia de una concepción doctrinaria compartida, subordinando sus intereses personales y sus egos a esos principios. Sin esa entrega transparente, no puede desarrollarse un proceso comunitario verdaderamente creativo y compartido. Y sin ese proceso no hay autodeterminación: solo persisten el verticalismo, el vanguardismo y el caudillismo.
Desde esta perspectiva, la organización popular del futuro deberá superar tanto la dispersión individualista como el verticalismo de las «orgas». No se trata de desorganizar al pueblo, sino de organizarlo de otra manera: convirtiendo a las organizaciones en canales de participación y no en sustitutos de la comunidad; en instrumentos de coordinación y no en centros permanentes de poder separados de ella.
La cuestión de fondo vuelve a ser la misma: no necesitamos organizaciones que hablen en nombre del pueblo, sino organizaciones capaces de crear las condiciones para que el pueblo pueda hablar, decidir y conducir su propio proceso histórico.
Así, una experiencia que había nacido, en buena medida, como respuesta a una profunda crisis de representación terminó desarrollando sus propias formas de distancia respecto de una parte de la sociedad.
El movimiento que nació políticamente de un rechazo popular al orden existente en el 2001 terminó reproduciendo, con el tiempo, algunas de las formas de representación que ese mismo rechazo había cuestionado.
El resultado no fue inmediato ni uniforme. El kirchnerismo conservó durante años una importante capacidad de movilización y representación, especialmente en sectores populares y en organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Pero esa capacidad no alcanzó para impedir una creciente fragmentación de las identidades políticas y una transformación profunda del electorado. Los estudios sobre el ciclo electoral de 2023 señalan justamente una ruptura con patrones sociológicos que habían estructurado la competencia política durante años.
La aparición de Javier Milei puede ser leída también como parte de esa transformación. Su crecimiento electoral expresó, entre otros factores, un fuerte rechazo hacia determinados sectores de la dirigencia política, hacia el funcionamiento del Estado y hacia la situación económica. En algunos territorios históricamente vinculados al peronismo, especialmente en determinados barrios populares de Rosario y otras zonas del país, La Libertad Avanza consiguió apoyos que anteriormente parecían difíciles de imaginar.
Esto constituye una señal política que no debería ser interpretada simplemente como un desplazamiento ideológico del pueblo. Puede ser, también, una señal de ruptura de los vínculos tradicionales de representación.
El problema, entonces, no consiste solamente en explicar por qué determinados sectores populares votaron a Milei. La pregunta más profunda es por qué una parte de esos sectores dejó de encontrar en el peronismo una herramienta suficiente para expresar sus expectativas, sus frustraciones y sus aspiraciones de futuro. Ése es el interrogante que la organización popular debe responder.
Porque si el pueblo puede cambiar de identidad política sin que cambien sus condiciones estructurales de vida, significa que las identidades partidarias no son suficientes para garantizar una representación permanente.
El pueblo no pertenece a ninguna organización política. Las organizaciones políticas deben demostrar, permanentemente, que son capaces de interpretar, organizar y expresar las necesidades y las aspiraciones de la comunidad.
Por eso la experiencia kirchnerista debe ser estudiada no solamente por sus aciertos y sus errores de gobierno, sino también por la forma en que construyó poder político.
Su principal límite no fue haber intentado transformar la Argentina desde el Estado.
Fue no haber logrado aumentar la legitimidad entre el Estado, la dirigencia y la comunidad.
No se trata de volver simplemente al kirchnerismo, ni de regresar al pasado, ni de reemplazar una conducción por otra. Se trata de recuperar la capacidad del pueblo para convertirse nuevamente en sujeto organizado de la transformación nacional.
Ese es el desafío de la organización popular.
